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(ERBOL) Asambleístas de la oposición consideran un error del Ejecutivo, haber accedido al intercambio de policías rehenes por cooperativistas detenidos, porque muestra a un Gobierno con debilitamiento frente a sus mismos aliados políticos, lo cual refleja una crisis al interior de la alianza con los movimientos sociales afines al MAS.

El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), senador Arturo Murillo, manifestó que la administración de Evo Morales está ingresando a un terreno peligroso al afectar a la institucionalidad jurídica y democrática al negociar con secuestradores

“No es el gobierno sino la justicia la que debe ver si los mandan a la cárcel o los cautelan pero la justicia debía definir (el caso), pero directamente, el Gobierno, no debería negociar el delito. Me parece altamente negativo porque están sentando un mal precedente para los bolivianos y el proceso democrático (…)”, afirmó.

La diputada Susana Campos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) sostuvo que la decisión del Gobierno raya en la falta de absoluta pérdida de autoridad frente al delito de secuestro, al negociar el canje de personas como si fueran objetos.

“Me parece un tremendo error y una actitud ridícula del Ministerio de Gobierno de acusar por uso indebido de dinamitas, cuando ellos mismos anularon la ley que prohibía el porte de explosivos por atentatorios a la salud y la integridad física de las personas”, declaró.

La expresidente de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, considera que el Gobierno cayó a una total desinstitucionalización y pérdida de autoridad, aunque para ella, “nunca hubo Gobierno sino el ejercicio de la fuerza y la imposición”.

“Más que una gestión anormal, es un testimonio de que no saben gobernar ni respetar las leyes. El Gobierno del MAS y sus ministros no respetan la ley y no tienen autoridad moral y lo que se ve es una crisis de institucionalidad y moral”, sostuvo Delgado ahora disidente del MAS.

Para la Central Obrera Boliviana (COB), este es uno de los “grandes y feos errores” de Gobierno que ahora se da a la tarea de canjear rehenes y detenidos, tras los enfrentamientos entre policías y cooperativitas.

“El Gobierno es culpable de hacerse condicionar con su propio aliado, con un tema totalmente irracional, sabiendo que la Constitución Política del Estado ya estipula la libre sindicalización y lo que debe es hacer cumplir la ley”, dijo a Erbol el secretario ejecutivo Guido Mitma.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, informó que durante la intervención policial en Sica Sica hubo excesos de ambas partes y resaltó la solución pacífica de la liberación de los detenidos.

Explicó que a través de la Unidad de Resolución de Conflictos, hizo seguimiento habiendo y cerca de las tres de la mañana, hubo la liberación de 30 policías y 44 mineros, de “manera que la negociaciones al respecto de la liberación de mineros arrestados y el intercambio de hermanos policías, se ha logrado con éxito de manera pacífica y mediadora”.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Ricardo Centellas, dijo a radio «El Salar de Uyuni» de la red Erbol, que se observa intransigencia de ambos sectores para no buscar una solución fraterna.

“Si fuésemos capaces de dialogar pues no llegaríamos a estos extremos. Hay rehenes y detenidos, esos son signos violentos que nadie quiere para Bolivia. Hay que trabajar para que cada uno se sienta que hace algo para el país”, manifestó.