Eduardo Claure
Según el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) respecto de las regalías mineras para el periodo 2014-2015 se tiene el siguiente reporte por departamentos en millones de bolivianos. Potosí 2014, Bs. 678.715.345; 2015, Bs. 531.440.546; La Paz 2014, Bs. 238.867.054; 2015, Bs. 139.428.421; Oruro 2014, Bs. 121.859.651; 2015, Bs. 87.361.711; Santa Cruz 2014, Bs. 54.763.504; 2015, Bs. 40.018.989; Beni 2014, Bs. 35.214.754; 2015, Bs. 29.979.649; Cochabamba 2014, Bs. 13.406.200, 2015, Bs. 14.176.471; Pando 2014, Bs. 2.227.060; 2015, Bs. 1.897.250; Chuquisaca 2014, Bs. 1.848.912, 2015, Bs. 1.385.424; Tarija 2014, Bs. 47.735, 2015, Bs. 47.806. Según esta noticia se observa que las regalías mineras disminuyeron en este periodo de 1.146.9 millones de bolivianos registrados en 2014 a 845.7 millones de bolivianos en 2015. Los ingresos de Tarija por concepto minero es la más baja lo que refleja una explotación poco intensa y/o masiva.
ANF el 6 de octubre de 2012 señalaba en un reporte: “En Tarija se identificaron grandes depósitos de silicio con una ley de 98%, también yacimientos de hierro, además de ematita con 41% de ley, sulfuro polimetálico de oro, plata y zinc” señala igualmente que las reservas de silicio están “en una gran extensión como uno de los grandes depósitos de unos 20 kilómetros de largo por unos 500 metros de ancho y unos 300 metros de profundidad”. “A lo que apunta el desarrollo minero es incursionar en la explotación de los grandes depósitos de silicio, materia prima que es utilizada para la elaboración de vidrio”. El periódico El País, en fecha 27/09/ 2015 señala en un titular: “Identifican explotaciones ilegales de oro en Tarija” la nota consigna lo siguiente: “La falta de fiscalización minera provocó la proliferación de explotaciones de minerales de los que no se tiene cuantificación en el departamento. Entre esas concesiones que no se tiene datos registrados se han identificado incluso explotaciones de oro en las inmediaciones del río San Juan del Oro”.
Según datos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) (ente autárquico encargado de la dirección, administración, control y fiscalización de las actividades mineras, además del registro minero en todo el territorio boliviano), en Tarija existirían vigentes 48 concesiones mineras y se tendrían 588 concesiones que se encontrarían caducadas, concesiones de las cuales se desconoce su estado o si prosiguen explotando minerales, sin tributar y lo más grave es que se desconoce lo que solo una investigación y evaluación podría arrojar: daños ambientales que siempre genera la explotación minera. Según la misma fuente, se puede calcular a groso modo que el departamento pierde aproximadamente 500 millones de bolivianos por año en materia de ingresos departamentales por concepto de regalías mineras por falta de explotación según las potencialidades detectadas. Se sabe que en la provincia Méndez existe plomo, estaño, oro y plata; en el municipio de El Puente hay grandes reservas de piedra caliza y se hallaron indicios de plata y plomo, al igual que en la provincia O’connor, susceptibles de ser explotadas en beneficio departamental.
Estos antecedentes nos conducen a afirmar que Tarija tienen grandes potencialidades mineras, y por ello, debiera contar con una norma departamental que le permita encarar adecuadamente una acción de prospección, exploración, explotación y exportación de minerales bajo convenio con los niveles gubernamentales del área y bajo tuición de la COMIBOL, la Ley 535 de Minería y Metalurgia y los Decretos conexos correspondientes como el D.S. 29165; D.S. 23009; DS. 26315; D.S. 28143 y D.S. 29581, entre otros. Corresponderá entonces que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija haga un trabajo legislativo en esta materia: Tarija y su potencialidad minera.
La Gobernación y la ALDT deben aprovechar la actual coyuntura de precios internacionales disminuidos de los hidrocarburos para poner en perspectiva nuevos ingresos departamentales, que obviamente favorecerán a las Entidades Territoriales Autónomas y a la propia Universidad que dependen de estos recursos actualmente no cuantificados, no evaluados y no percibidos adecuadamente como correspondería, de contarse con una ley departamental específica en el marco de su catálogo competencial.
Asimismo el nuevo Gabinete del Ejecutivo tarijeño, podría diseñar una estrategia para generar un debate departamental y nacional respecto de la ausencia de una política minera con programas de prospección y exploración. Este ejercicio, sería útil además, para fortalecer las capacidades departamentales que sugiera propuestas para lograr un desarrollo minero en el departamento de Tarija, replanteando las políticas mineras, primero con la consolidación de un programa de prospección y exploración muy útil a lo que viene sucediendo en el departamento de Tarija en la actualidad. Esta acción permitiría a la larga, pensar en la industrialización de todo lo que tenemos en el departamento -potencialmente- de llegar al metálico en una serie de minerales y soñar en transformar los mismos, dando valor agregado para generar fuentes de empleo y eso es lo que debiera reclamar por ejemplo la universidad pero también como departamento la Gobernación y las Alcaldías. En la Universidad Técnica de Oruro (UTO) se cuenta con las carreras de Geología, Minería y Metalurgia que son importantes para la consolidación del desarrollo y tienen programas que están acreditados que bajo la figura de convenios podría ser útiles a los propósitos mineros departamentales de Tarija.
Si hay algo que preocupa en materia de «grandes decisiones» por parte del Gobierno central para garantizar la economía nacional, es la falta de políticas muy concretas, como el caso de la minería que, por lo menos en toda la gestión del actual sistema no ha logrado estructurar una que impulse, garantice e incentive las inversiones para ampliar la explotación de ricos yacimientos mineros existentes en toda la geografía nacional. Es reconocida nuestra condición de país minero, desde los albores de la República, condición innegable dada las grandes utilidades logradas por el Erario Nacional históricamente, para afirmar la estructura de la nacionalidad y la vida misma de la Bolivia. Sin embargo, pese a que somos un país minero por excelencia, carecemos de políticas adecuadas que permitan la explotación de minerales y que además podamos avanzar hacia la transformación de esa materia prima en productos con valor agregado para elevar sustancialmente su precio de exportación, para lo cual podrían surgir iniciativas y acciones concretas en esta materia departamentalmente hablando si se acciona colectivamente.
Es tiempo de establecer prioridades en la estrategia gubernamental nacional y departamental y por supuesto, la minería debería ser el sector mayormente favorecido con medidas que la protejan, la incentiven y la impulsen hacia metas de alta inversión y por supuesto de mayor rentabilidad para beneficio departamental.
La falta de una política nacional minera aparejada a la crisis de precios actuales sumadas a las tecnologías arcaicas, revela un problema histórico de fondo: la ausencia de una verdadera política nacional en cuanto a minería, tanto a nivel exploración como explotación. De manera general, el gobierno de turno continúa con el mismo modelo de desarrollo impuesto desde la Colonia, que consideraba la minería estatal y privada como una actividad extractivista destinada a la exportación de materias primas y nada más. Esta óptica debiera cambiar por impulsos locales, en este caso tarijeño.
Además, es hora que el Departamento recuperen el control sobre la propiedad de los recursos minerales en primer lugar –que ya se lo ha hecho a través de las nacionalizaciones- pero también debe obrarse lo mismo sobre la cadena de exploración, producción, comercialización y exportación de los minerales en el departamento que son de producción local, sobre los que actualmente no se tiene información sistematizada al respecto y que es obligación de toda la ciudadanía y sus entidades, de conocer de forma cabal y evidente todo respecto a este rubro, que puede ser novedoso y útil a los procesos del desarrollo departamental y local, así como de cumplir y dar continuidad con el proceso autonómico, porque permitiría entrar en el ejercicio pleno de las competencias constitucionales que marcan la diferencia entre tomar decisiones directas como departamento. Las responsabilidades de la Asamblea Departamental, del Ejecutivo, los Concejos Municipales y el rol de la universidad son muy claras en este sentido, que pudiesen permitir un reposicionamiento respecto de generar recursos por regalías mineras importantes para el departamento en una coyuntura absolutamente adversa en materia de disponibilidad oportuna y adecuada de recursos económicos frescos.