LEONEL SUAREZ Q./BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico-Julio 20/2016) El sector campesino presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del gobernador del departamento, Adrián Oliva, por aparente malversación de recursos e incumplimiento de deberes en lo que respecta el Programa Solidario Comunal (Prosol), esto tomando en cuenta que no se hizo el desembolso para algunas comunidades en lo que respecta a la gestión 2015.
La ejecutiva de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Marcela Guerrero, informó que la demanda también va en contra otros 9 funcionarios de la Gobernación, entre estos se encuentra el secretario de Gobernabilidad, Luis Alfaro; secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Barrientos; director del Prosol, José Sánchez y otros.
“En la gestión 2015 loa Gobernación tenía toda esa solvencia para cancelar a las comunidades, que eran aproximadamente 20 regiones –explicó Guerrero-. Pero por el cierre del año fiscal que se tenía como plazo hasta el 15 de diciembre, tenía la figura para hacer como gasto un devengado y evitar problemas para la gestión 2016, lo que adeudaba la Gobernación, sin embargo no se hizo nada y dejó pasar el tiempo”.
Ante esta situación, Guerrero señaló que al no haberse tomado en cuenta los recursos para las comunidades pendientes en esta gestión, se decide buscar la aprobación de una Ley nacional, misma que no se da curso porque el departamento de Tarija es autónomo y no corresponde a las autoridades nacional aprobar, empero la Asamblea Legislativa Departamental tendría la competencia para hacerlo.
Guerrero contextualizó, que el Gobernador hizo el tratamiento de la ley para dotar de recursos del Prosol, pero no la promulga por una observación que realizó sobre la misma. Sin embargo, esta normativa retorna a la Asamblea y se encuentra en vigencia.
“Lastimosamente no aplica esa ley departamental y saca un decreto, pero lo más triste es que tampoco aplica este decreto ejecutivo –agregó Guerrero -. Al no aplicar ninguna clase de normativa que se tenía para regularizar las cuentas pendientes de estas comunidades, se comete algo ilícito y es por ello que nuestra denuncia estipula malversación, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento”.
La dirigente campesina manifiesta que para dar solución a esta problemática, la Gobernación decide hacer es gastar los recursos económicos de la gestión 2016, ya que la Asamblea Legislativa Departamental aprobó un presupuesto de 119 millones, de los cuales solamente se reportaba en el SIGEP Bs. 75 millones, mismos que se llega a gastar 25 millones de bolivianos, quedando solamente un saldo de Bs. 49 millones.
“Hay una preocupación que se han gastado la plata de la gestión 2016 y solamente tenemos en cuenta de 49 millones de bolivianos, que no alcanza para cubrir el monto de los 6 mil bolivianos que corresponde por familia campesina”, expuso Guerrero.
Guerrero dijo que están a la espera que el Ministerio Público pueda actuar respecto a esta problemática. Agregó que las actuales autoridades tienen una estrategia para que desaparezca el Prosol.
Gobernación desconoce denuncia de campesinos
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, informó que no se tiene un documento formal de la denuncia ni tampoco conocen el contenido de los hechos sobre el caso que se refiere con relevancia penal. Sin embargo, agregó que según el trabajo que vienen desarrollando en el ámbito jurídico y administrativo del Prosol descubrieron dos hechos de corrupción.
García dijo que suman más de 170 casos de posibles hechos de corrupción, los cuales reflejan que los recursos destinados para mejorar la situación de las comunidades campesinas, se mal manejaron y que por la forma en la que se hizo, tienen matices penales.
De estos dos últimos casos descubiertos por anomalías del Prosol, García dijo que inmediatamente serán remitidos al Ministerio Público para su investigación correspondiente.
“El primer caso del Prosol tiene que ver con la comunidad de León Cancha, en este caso lo que ocurre es que en el 2011 se inicia un trámite para desembolso de Prosol y lo que hacen con la plata es decidir la compra de un microbús y concluye recién el 2012 –dijo García-. No sabemos cuál es la incidencia de esto en el ámbito productivo”.
García recordó que el Sistema Jurídico Boliviano prohíbe la compra de vehículos usados, sino que estos deben ser nuevos, y que en caso de ser adquiridos no deben ser a nombre de personas privadas, sino a nombre de la comunidad por intermedio de su personería jurídica. Lo cual no cumple el procedimiento, puesto que se compró al nombre del señor Santos Valdez por 27.000 dólares de arcas de la Gobernación, además que era usado. Entre los demás implicados, mencionó a Dionilda Ochoa, Antenor Llave, entre otros dirigentes.
En el segundo caso, García explicó que está relacionado con el Prosol en la comunidad de Guerrahuayco, del cual se tomó conocimiento de una imputación formal que emite el Ministerio Público, investigación que se sigue en contra de la señora Sureñita Toconas Caihuara.
“En este caso se tiene una adjudicación a una empresa por aproximadamente 2,5 millones de bolivianos que se desembolsan pro el programa. Sin embargo, en el curso de investigación que se sigue por esta persona, en el relato de la imputación se muestra que existen indicios suficientes que Sureñita Toconas habría exigido a la empresa proveedora un monto de 150 mil bolivianos para entregar 50 mil bolivianos a la entonces asambleísta Guadalupe Jurado, otros Bs. 50 mil para el director del Prosol”, expuso García. (eP)