(ABI).- El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, aseguró el jueves que el Gobierno cumplió con la atención de las demandas del transporte pesado y modificó el Código Tributario, además amplió los descargos para ser computados como crédito fiscal en la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En conferencia de prensa, Cazón lamentó que a pesar de la atención de sus demandas, los transportistas amenacen con movilizaciones y bloqueo de caminos debido a un tema «netamente privado y particular».
«El Gobierno e Impuestos Nacionales han cumplido con todo lo que han solicitado (los transportistas) respecto a las modificaciones del Código Tributario, así como también la aprobación de la lista que ellos planteaban como gastos para que puedan deducir el IVA y, por supuesto, ser aceptados como gasto para el Impuesto a la Utilidad», remarcó.
Cazón recordó que el Ejecutivo y el transporte pesado instalaron mesas de trabajo y una de ellas abordó las demandas sectoriales respecto al tema impositivo.
Agregó que los transportistas plantearon, entre otros aspectos, la lista de gastos para sus descargos tributarios, lo que fue cumplido con la aprobación de la Ley 812 de Modificación al Código Tributario y la Resolución Normativa de Directorio 10-0019-16 de 28 de junio de 2016, que incorpora las demandas del sector.
Explicó que esa resolución, a pedido de los transportistas, incluye más de 80 ítems, entre ellos las compras de combustibles, lubricantes, servicios técnicos, repuestos, mantenimiento, seguros, hospedaje, dotación al personal, activos, alquileres, servicios administrativos, capacitación y servicios médicos, entre otros.
Dijo que esas acciones en favor del transporte pesado fueron reconocidas en un ampliado sectorial realizado en junio último en Warnes, Santa Cruz, donde los dirigentes admitieron que el Ejecutivo «cumplió con los compromisos».
Cuestionó que a pesar de esos acuerdos el transporte pesado decidiera iniciar un bloqueo de caminos en los próximos días, debido solo a la aprehensión de algunos de sus dirigentes en Sucre, que enfrentan un proceso judicial por agresiones al vehículo de un chofer privado.