Bolivia defiende derechos indígenas en inicio de audiencia de arbitraje con South American Silver

(ABI).- El procurador general del Estado, Héctor Arce, en el inicio de la audiencia del arbitraje relativo al Proyecto Minero Mallku Khota, en el marco de la demanda interpuesta por la canadiense South American Silver o SAS en contra del Estado, defendió los derechos de los indígenas.

«Bolivia es una nación que ha sido refundada a partir de un histórico proceso constituyente y una característica fundamental de su refundación es, sin duda alguna, el reconocimiento histórico de los pueblos indígenas y las Naciones Originarias como sujetos fundamentales del Estado», indicó citado en un boletín de prensa de su despacho.

La audiencia comenzó con las presentaciones de las partes en el arbitraje, durante la mañana por parte de los abogados de SAS, de la firma estadounidense King and Spalding, y por la tarde el equipo de defensa legal del Estado boliviano, a la cabeza Arce, y el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro.

En su alegato oral de apertura, el Procurador General del Estado hizo conocer al Tribunal Arbitral sobre las prácticas neocoloniales de la empresa canadiense SAS, el «contorsionismo jurídico» de dicha empresa para transformar un mal negocio minero en un buen arbitraje y la destreza de la minera junior canadiense, SAS, para convertir «mágicamente» los resultados incipientes de un estudio preliminar y embrionario, en un supuesto Mega Yacimiento de clase mundial.

Durante la audiencia, Arce señaló: «El objetivo de todo proceso, ya sea jurisdiccional o arbitral, no es otro que llegar a descubrir la verdad histórica de los hechos y sobre esta verdad aplicar en derecho lo que corresponda, bajo la luz radiante de la verdad y la justicia».

A su vez, el Procurador General del Estado hizo referencia a las palabras de filósofo Immanuel Kant y señaló que «la condición esencial e indivisible de todo conocimiento, es la verdad. La verdad, de manera sencilla, no es más que la coherencia entre un objeto de conocimiento y lo que se enuncia sobre éste. ¿Pero cuál es esa verdad? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en este caso que hoy es puesto a conocimiento de ustedes? Permítaseme responder esta interrogante en base a tres criterios que denotan el accionar de la demandante».

Explicó: «Primero, las prácticas neocoloniales de CMM; segundo, el hábil contorsionismo jurídico de CMMK para transformar un mal negocio minero en un buen arbitraje y; tercero, las destrezas casi alquimistas de CMMK, que intenta convertir mágicamente los resultados incipientes de un estudio preliminar totalmente embrionario, en el descubrimiento más grande de la historia de la minería: un Mega-Yacimimiento de Clase Mundial».

Arce desarrolló ampliamente cada uno de esos argumentos ante aproximadamente cien personas que participaron de las audiencias orales que se desarrollan en Washington, Estados Unidos.

«Bolivia, es hoy una Nación que vive y se desarrolla en una profunda institucionalidad democrática y en un consolidado Estado Constitucional de Derecho. Es una nación con gran estabilidad política, económica y social que si bien ha recuperado para beneficio del pueblo vastos sectores de la actividad productiva, a través de procesos de nacionalización que se dieron por requerimientos económicos, garantiza la inversión privada en todos los rubros, situación ideal que ha generado una armónica convivencia entre los sectores público y privado y ha permitido que hoy por hoy Bolivia sea el primer país en crecimiento económico de Sud América y el segundo de Latinoamérica», indicó.

También resaltó que «Bolivia, en el plano minero, ha sido profundamente respetuosa de las inversiones que han cumplido y que cumplen la normatividad jurídica y, por sobre todo, que respetan a las comunidades indígenas existiendo, a la fecha, varios proyectos muy exitosos en este sentido…».

Agregó que Bolivia «…no tenía planificada ninguna nacionalización ni ninguna reversión dentro del proyecto minero Mallku Khota. Tampoco planificó, procuró ni alentó ninguna acción en contra de la demandante. Este caso no tiene nada que ver con el proceso de nacionalización` de los recursos naturales y las empresas estratégicas del Estado, llevado adelante por el Estado boliviano, y en el que se llegó a soluciones amistosas y compensaciones justas y efectivas con todos y cada uno de los inversionistas extranjeros involucrados».

Enfatizó: «En el presente caso, la Demandante provocó una oleada de violencia inaceptable que obligó a Bolivia a actuar única y exclusivamente en defensa de la vida humana».

La empresa demandante se opuso al planteamiento del Estado boliviano de hacer pública la audiencia, lo que impide que se filme o grabe o el acceso a los medios de comunicación.

Sin embargo, la Procuraduría General del Estado, en el marco de la política de absoluta transparencia que promueve el Gobierno nacional, informará a la población sobre el desarrollo de dicha audiencia, concluye el boletín de prensa.