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El Partido Socialista (PSOE), la segunda fuerza electoral en España, anunció este sábado que no apoyará al presidente del gobierno saliente, el conservador Mariano Rajoy, que tras las elecciones busca socios para ser investido.
El presidente del gobierno «no podrá contar con nuestros votos para ser investido presidente. No a la gran coalición, no a apoyar un gobierno del PP desde fuera y no a la investidura de Mariano Rajoy», dijo el líder de los socialistas Pedro Sánchez, en una reunión del comité federal de su partido.
Desde las legislativas del 20 de diciembre, que dieron como resultado un parlamento fragmentado en cuatro fuerzas políticas mayoritarias, los partidos españoles no han logrado fraguar un pacto para formar un nuevo ejecutivo.
Rajoy se ha mantenido al frente de un gobierno en funciones, limitado a gestionar solamente el día a día del país, pero incapacitado para llevar a cabo cualquier reforma.
Tras la convocatoria de unas segundas elecciones el 26 de junio, el Partido Popular de Rajoy salió reforzado ganando 14 escaños adicionales, sumando en total 137 diputados, pero situándose lejos de la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario.
El PSOE se posicionó en segundo lugar con 85 diputados y el pacto de izquierda Unidos Podemos obtuvo 71 escaños.
En el parlamento español, que suma 350 diputados, la mayoría absoluta está situada en 176 escaños.
En el escenario actual, una de las posibilidades del PP para ser investido sería sumar los apoyos de la formación Ciudadanos (32 escaños), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con cinco y Coalición Canaria con uno.
División en el PSOE por negociaciones de apoyo
Según medios locales, un diputado de la formación Nueva Canarias, elegido en una lista socialista, podría abstenerse.
El expresidente del gobierno Felipe González urgió a su partido, el PSOE, a negociar con Rajoy, pero esta opción parece dividir a los socialistas.
Otros medios informaron el viernes citando a fuentes gubernamentales que Rajoy estaba intentando conseguir una investidura rápida.
Esta sesión sería convocada a finales de julio, mientras corre el plazo de dos meses para encontrar un acuerdo, pasados los cuales deberán convocarse nuevas elecciones, las terceras en menos de un año.