ERBOL
(junio-30/2016) El diputado opositor Rafael Quispe presentó ayer ante la Fiscalía Departamental de La Paz, una denuncia formal contra el exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, la vocal Virginia Crespo y otros, por el delitos de consorcio de jueces y fiscales, en base a las declaraciones de la pareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata Montaño, sobre un supuesto pago de 250 mil dólares, por un fallo a favor de la empresa china CAMC, en la disputa por la ejecución de boletas de garantías en el proyecto ferroviario Bulo Bulo-Montero.
También denunció al abogado Walter Zuleta, Fernando Cortez en su calidad de abogados de la empresa CAMC, Hugo NN, Gabriela Zapata Montaño, gerente comercial de CAMC y la funcionaria de la Sala Penal, Maira Vallejos, dependiente de la vocal Virginia Chávez.
Quispe los acusa además de cohecho pasivo de la juez, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y receptación proveniente de delitos de corrupción, tipificados en el Código Penal y la Ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Interpol activó sello azul
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya activó el sello azul en la búsqueda de los exabogados de Gabriela Zapata, William Sánchez y Walter Zuleta, lo que significa que ahora el objetivo es localizar, identificar u obtener información sobre ambos, informó el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.
Los dos juristas son acusados de los delitos de trata de personas, asociación delictuosa y otros delitos, por estar presuntamente implicados en la presentación de un niño ante las autoridades judiciales, de quien se afirmó que era el hijo en común entre Zapata y el presidente Evo Morales, sin que esto sea verdad.
“La Fiscalía inició los trámites como lo dijo el Fiscal General, se han enviado todos los requerimientos necesarios para la aprehensión de estas personas, estamos en la primera etapa del trámite”, afirmó Blanco.
Los abogados Zuleta y Sánchez son buscados por la justicia desde el pasado 17 de mayo donde se emitió una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas.