MARISOL COCA W./ BOLINFO / TARIJA
(elPeriódico/junio 24/2016) Después de cinco años y tras haberse confiscado al departamento de Tarija 9,2 millones de bolivianos por la retención del 0,2 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH )de los Gobiernos Departamentales de los Gobiernos Municipales y las Universidades de todo el país y se los transfiere a los Ministerios de Defensa y de Culturas, la agrupación política Camino al Cambio (CC) presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad al Decreto Supremo Nº 859/2011 que crea el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica.
Los asambleístas departamentales Mauricio Lea Plaza, María Lourdes Vaca y Luis Pedraza en conferencia de prensa anunciaron que se presentará la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad. Lea Plaza sostuvo que la competencia sobre la educación es “exclusiva del Gobierno nacional y por lo tanto debe ser financiada por recursos del nivel central” y no así de los Gobiernos autonómicos.
Asimismo, afirman que se vulnera la autonomía económica departamental, municipal y universitaria, porque son víctimas de un descuento dispuesto de forma unilateral por el Gobierno central.
“Se está violando la autonomía que tienen los Gobiernos Autónomos de disponer mediante su propio presupuesto de los recursos que le han sido asignados por la Constitución Política del Estado (CPE) –dijo Lea Plaza–. No existen leyes departamentales o municipales o convenio intergubernamentales suscritos que le permitan al Gobierno nacional a utilizar recursos de la entidades autonómicas para este fin”.
En el caso del Departamento de Tarija, desde la vigencia del decreto hasta ahora se descontaron 9,2 millones de bolivianos.
“Hay que ver que los recursos que fueron derivados a los ministerios de Defensa y Cultura hayan tenido buen uso”, manifestó Lea Plaza.
Ley de Incentivos
A fines de abril de la presente gestión la misma bancada presentó ante el TCP el primer recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocaburífera. EL TPC tenía un plazo de 45 días para responder sobre la admisión o rechazo de la acción, sin embargo pese a cumplirse el plazo Camino al Cambio aún no ha recibido notificación alguna.
“No hemos recibido ninguna notificación, pero esperamos que sea en el tiempo más corto posible, porque los plazos son fatales dentro el procedimiento constitucional. Sin embargo sabemos que el TCP es una entidad que no e imparcial, es una instancia que está sometida al poder ejecutivo nacional”, expresó en la conferencia la asambleísta Vaca.
La Ley de Incentivos destina el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para premiar al incremento de explotación y el éxito en exploración hidrocarburífera, cuando antes ese dinero iba destinado a entidades subnacionales, universidades y al Fondo Indígena. (eP).