Noticias El Periódico Tarija

Sergio Reyes Canedo

(Pos-grado Derecho Constitucional)

De la revisión y análisis de las porciones estatutarias del Chaco Tarijeño, se advierte que las cualidades autonómicas departamentales en las materias EXCLUSIVAS catalogadas en el artículo 300 de la CPE SOLO PARA LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL Y NO PARA LA REGIONAL PRECISADAS  al amparo del principio de competencia, han sido USURPADAS (LEGISLACIÓN Y EJECUCIÓN). EN ESTE DOCUMENTO.

USURPACIÓN LEGISLATIVA.-

 Así, el artículo 12 del Estatuto del Chaco Tarijeño, ASUME  UNA DELEGACIÓN de cualidad LEGISLATIVA SOBRE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEPARTAMENTALES Y NO COMO FACULTADES REGIONALES DE ALCANCE NORMATIVO-ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN QUE SE RESUELVE PARA CASO DE LA AUTONOMÍA REGIONAL.

USURPACIÓN EJECUTIVA.-

 El poder o potestad emanada de los órganos ejecutivos, es una de las cuatro facultades y funciones primo-escenciales, que ponen en movimiento el Estado; la doctrina jurídica del Derecho Administrativo y del Constitucional en relación con la nueva ingeniería estructural del Estado con Autonomías, plantea una controversia de tipo funcional y potestativa cuando se revisa las atribuciones ejecutivas en el Estatuto de Autonomía Regional del Chaco Tarijeño.

El poder ejecutivo es responsable de la gestión diaria del Estado en sus distintas estructuras departamental, municipal y de pueblos indígena originario campesino, y concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales, las leyes tienen que ser aplicadas en los territorios bajo jurisdicción.

En los estados democráticos, el poder ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que debe ser su más firme garante; en esa dirección, la potestad ejecutiva tiene tres funciones escenciales, caracterizantes y cualificantes:

Función Política: tiene por objeto dirigir al conjunto de la sociedad por el camino que permita satisfacer en mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley, como por ejemplo: nombrar ministros de Estado, Secretarios y Directores en el caso de las Autonomías Departamentales y Municipales, aprobar o no; convenios intergubernativos.

Función Administrativa: por esta función se desarrollan los fines específicos del Estado en las autonomías, sujetos a la ley (las actividades que realizan los ministerios, gobernaciones, intendencias, empresas públicas, etc.)

Función Reglamentaria o facultad reglamentaria: Para poder realizar su trabajo el Ejecutivo, dispone de potestad reglamentaria, en virtud de la cual puede dictar reglamentos, decretos de instrucciones que deben ser cumplidos por los ciudadanos que tienen en escencia un contenido procedimental enmarcado sobre una dispocision legal de mayor jerarquía como la Constitución o las leyes emanadas de los órganos legislativos.

Estatuto de Autonomia Regional del Chaco Tarijeño:

Artículo 32. ÓRGANO EJECUTIVO REGIONAL.

El Órgano Ejecutivo Regional es la instancia que dirige la administración pública del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, correspondiéndole las facultades ejecutiva y reglamentaria.

 Artículo 33. CONFORMACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO REGIONAL.

  1. El Órgano Ejecutivo Regional está constituido por un Ejecutivo Regional, que se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva, un Ejecutivo de Desarrollo de Caraparí y un Ejecutivo de Desarrollo de Villa Montes.

Con absoluta claridad, puede verse que el Estatuto de Autonomía Regional ha desbordado los cánones constitucionales establecidos para esta, en un ámbito de estricta PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, CONSTITUYENDO UN AUTOGOBIERNO PARALELO AL DEPARTAMENTAL CUYO DESGLOSE EJECUTIVO EN SUS TRES FUNCIONES ESENCIALES ES PLENAMENTE Y PRIVATIVAMENTE POSTESTATIVO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y NO DEL REGIONAL.

A este panorama de BI-CEFALÍA GUBERNATIVA, hay que sumar que la Constitución Política del Estado señala textualmente en el artículo 280 inciso II que:

“..donde se conformen regiones, no se podrá elegir autoridades provinciales” refiriéndose esta porción constitucional a la imposibilidad de que el gobierno departamental designe representación politica en este territorio; circunstancia que refuerza la DIVISIÓN GUBERNATIVA restringiendo groseramente las potestades territoriales de supuesta dimensión departamental a el territorio distinto del CHACO TARIJEÑO. Es decir a las 5 provincias restantes, consolidando de esta manera una territorio distinto político, jurídico autónomo en la misma calidad que una Automía Departamental. Demás queda decir que las disposiciones estatutarias contenidas en el vigente Estatuto de Autonomía Departamental presentan colisión y consecuente ineficacia jurídica en el territorio de la Región Autónoma del Chaco Tarijeño así como las disposiciones y acciones ejecutivas del Gobernador.

En este escenario de desorden estructural, la puesta en vigencia del Estatuto de Autonomía Regional del Chaco Tarijeño, dejaría un gravisimo antecedente para la conformación interesada de nuevas regiones autónomas como en el norte de Potosí, , Norte integrado en Santa Cruz, Luis Calvo Chuquisaca y otras surgentes,basadas en las apócrifas potestades logradas en una resolución constitucional que habilita al Estatuto de Autonomía Regional, ha ser sometido a un referendo aprobatorio como requisito legal para adquirir rango de Ley pese a esta clara posibilidad jurídico-política de nuevas entidades territoriales autónomas.

RESUELTAS RESPECTO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EFICACIA POLÍTICA.-

 La Autonomía Departamental de Tarija, enfrenta desafíos cohetáneos a su particularización; ademas de la negación constitucional y legal a las originales aspiraciones competenciales que finalmente descolgaron catorce (14) en los acuerdos en el entonces Congreso Nacional donde se defraudo la única y verdadera “revolución” de significativa transformación estatal, debe resolver el asunto de su propia gobernanza en el escenario del apronte de aprobación del Estatuto de Autonomía Regional del Chaco Tarijeño en un referendo Regional, tomando en cuenta las observaciones hechas en la primera resuelta.

La gobernabilidad democrática o la capacidad específica desicional de las autoridades autonómicas tarijeñas, esta viciada por “condimentos” intra-institucionales que hace en extremo dificil “zazonar” propuestas uni-direccionales de desarrollo departamental desde la autoridades del gobierno autonómico.

ASINTONÍA POLÍTICA: Cuando se entregó la propuesta técnica de Estatuto de Autonomía Departamental a la Asamblea Provisional Autonómica, el documento de trabajo, contenía un solo articulado que refería a la “Autonomía seccional”  que en su redacción, asimilaba a los gobiernos municipales de las once (11) secciones de Provincia tal concepción. Al “dislocar” en las “Ejecutivas Seccionales” se re-creó una fórmula institucional que debería haberse resuelto por el principio de “competencia” pero que en realidad, se comporta como una institucionalidad apócrifa, cunado la corta experiencia demuestra que las autoridades elegidas hoy llamadas sub-gobernadores se enfrentan constantemente con el gobernador y sus decisiones aún como MAE departamental.

Al elegirse de manera directa al ejecutivo Regional, las disímiles fórmulas políticas pueden “enfrentar” todavía mas y con argumentos de legitimidad y legalidad, las decisiones del Gobernador con las expectativas que tenga el elegido regional, haciendo difícil de entrada, la tarea y faena de concebir una planificación estratégica de desarrollo de verdadera dirección departamental, que estará amenazada por el apetito natural del que como hemos visto hasta ahora en el comportamiento de los sub-gobernadores, tienen el “reflejo” de “re-crear” las secretarías, proyectos, planes y empresas departamentales en cada una de las once secciones de Provincia; donde además, “compiten” en términos políticos, con cada gobierno municipal.

ASINCRONIA LEGISLATIVA: El documento técnico, prevenía la elección de Asambleístas Departamentales por territorio y población donde por razones de “ingeniería de gobernabilidad”, resolvía que los Asambleístas por territorio, fueran elegidos junto con la fórmula del Gobernador logrando así, un peso específico y justo para el “ganador” de la Elección departamental; sin embargo, es ahora muy contradictorio que la fórmula que pierde la “elección” pueda (como ocurrió), tener el mismo número de asambleístas que el ganador, haciendo aún mas difícil legislar en favor de la propuesta electoral que la gente respaldó con su votó, y por el contrario, genera un panorama de lentificación y difícil “parto” legislativo.

Debe sumarse entonces ahora, que la elección de una Asamblea Regional que disfraza su cualidad legislativa debe “normar” en las mismas competencias exclusivas asignadas a la Autonomía Departamental con eficacia jurídica en la Región Autónoma del Chaco Tarijeño; esto representa un escenario de grave colisión normativa especialmente en aquellas normas de contenido organizacional y funcional desarrolladas a partir del desarrollo normativo de la Asamblea Regional.

COLISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: Las imbricaciones decisionales, se enredan todavía mas,  en el escenario previsible de desarrollo autonómico del “Gran Chaco” desde las potestades políticas, en franca controversia entre la legislación departamental y las decisiones administrativas regionales; así también entre las potestades ejecutivas del gobernador y las potestades administrativas de la Asamblea Regional y de estas dos con las decisiones de la autoridad ejecutiva de la Región Autónoma del Chaco Tarijeño.

La tarea de asignación presupuestaria planificada, y las decisiones consideradas como estratégicas para el departamento simplemente no pueden seer consideradas como tal si el ejecutivo elegido de la Región Autónoma del Chaco Tarijeño no tiene la misma consideración, aún mas cuando constitucionalmente NO SE PUEDEN YA ELEGIR AUTORIDADES PROVINCIALES DONDE HAYA UNA AUTONOMÍA REGIONAL.

El análisis desde la experiencia de ejercicio de poder central del Estado, tiene además un condimento presente y permanente: CONCEPCIÓN CENTRALIZADA DEL PODER AUTONÓMICO: Como se denunció, desde la instalación de la Asamblea Constituyente, el esquema mental “centralista” replica desde el nivel central del Estado, una institucionalidad incoherente con la demanda autonómica. La Ley Marco de Autonomía previene la creación de instituciones “supra-autonómicas” como el Ministerio de Autonomías y el Consejo de Autonomías, donde funcionarios de designación directa, tienen potestades políticas y jurídicas por encima la legitimidad del voto ciudadano establecidas a las autoridades e instituciones autonómicas.

Esta “particularidad estatal” permite que la Asamblea Plurinacional observe, modifique o finalmente no apruebe los presupuestos departamentales. En las competencias ejecutivas se posibilita “congelar cuentas departamentales” y “subordinar” las potestades de la autoridades elegidas de gobiernos departamentales y municipales.

Pese a este panorama, debemos abrigar también la ilusión de no desfallecer en nuestro empeño, el propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades, y considero imperativo, que cuanto antes, debe convocarse a un debate de contenido técnico lejos de apasionamientos políticos e intereses partidarios para concluir la asignatura pendiente de desafío inmediato.