Noticias El Periódico Tarija

Sergio Reyes Canedo

(Pos-grado Derecho Constitucional)

La aprobación del Estado con “autonomías” y la vigencia del Estatuto de Autonomía Departamental,  concordante con el artículo 410 de la CPE, es una Ley básica con la que debemos contar, y que constituye el marco jurídico y político de nuestra vida institucional como parte del Estado.

Pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil, y que, al recoger el fruto de la etapa de implementación, enfrentamos nuevos obstáculos de diferente naturaleza, como la ostencible reducción del precio del petróleo en el mercado internacional y leyes plurinacionales que menoscaban la capacidad económica de los autogobiernos y amenazan su sostenibilidad.

Ahora, la posibilidad de “partir en dos” el departamento de Tarija y la conquista de su Autonomia,  tiene un escenario real,  la puesta en vigencia de un proyecto de Estatuto de Autonomía Regional, desbordado de los márgenes constitucionales que cuenta para apretar los males, con una resolución del Tribunal Constitucional.

En a esto, debemos sumar que el Estatuto Regional, es un legítimo anhelo de la Región Autónoma del Chaco, que aprovechado por líderes que quieren “feudalizarlo” encuentra un innegable respaldo social.

Sin embargo, y pese al complejo momento, desde la esfera de estricta apreciación técnica quiero compartir un resumen de los aspectos mas sobresalientes de lo que considero la USURPACIÓN DE LA AUTONOMIA DEPARTAMENTAL en el contenido del todavia proyecto de Estatuto Regional del Chaco Tarijeño.

RESUELTAS DE ANÁLISIS CONSTITUCIONAL, ESTATUTARIO Y LEGAL.-

 Respecto al Artículo primero de la Constitución Política del Estado (caracterización y definición ideológica del Estado)

Artículo 1 CPE

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico y jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

 La nueva Constitución Política del Estado, promulgada en febrero del año 2009, realiza una transición de un Estado centralista a un Estado autonómico, cimentado en la distribución del poder político con base territorial, en el que se reconoce como un Estado con Autonomías, que establece, distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional (plurinacional), y varios gobiernos autónomos, departamental, municipal y de los pueblos indígena originario campesinos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora.

Tales facultades, de calidad gubernativa, solo han sido establecidas en la CPE para las autonomías departamental, municipal y de pueblos indígena originario campesinos; esta calidad de autogobierno según el principio de competencia, no ha sido establecida en la ingeniería constitucional para “otras” autonomías como la regional, o metropolitana como señala textualmente la carta fundamental.

Artículo 281 CPE

El gobierno de cada Autonomía Regional estará constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ambito de sus competencias, y un órgano ejecutivo.

 El modelo autonómico constitucionalizado, establece que cada nivel gubernativo y solo los niveles gubernativos, debe ejercer sus competencias de acuerdo al catálogo competencial establecido en la propia Constitución -desarrollado posteriormente en la Ley Marco de Autonomías- estándole prohibido a estas entidades territoriales autónomas, invadir las competencias de cada uno y sobre todo, el ejercicio de competencias que desconozcan y vulneren los principios autonómicos que sustentan la cláusula autonómica del nuevo Estado boliviano, contenida en la caracterización del Estado en el artículo primero de la CPE.

En otras palabras, mediante el ejercicio de sus competencias (a través de sus facultades legislativas, reglamentarias, ejecutivas o de fiscalización), un nivel gubernativo está impedido de imponer a otros niveles gubernativos desiciones de orden legislativa, ejecutiva y/o económicas desfavorables, como normativa invasora de competencias u obligaciones económicas por cuanto los niveles guberantivos se propician iguales según aclara y establece el artículo 276 de la Constitución.

Artículo 276 CPE

Las entidades territoriales autónomas, no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional.

 Por esto, se puede afirmar, que la ingeniería autonómica diseñada en Bolivia tiende a descartar las tendencias centralistas previniendo al mismo tiempo invasiones potestativas y colisiones competenciales entre los distitntos gobiernos autonómicos; y a profundizar en mayor grado, y de manera progresiva y gradual, la cláusula autonómica territorial.

Los principios constitucionales de la cualidad compentencial según su definición en relación con la Autonomía Regional.-

La Asamblea Constituyente boliviana de 2009 tuvo como rasgos distintivos del proyecto de visión para construir una sociedad democrática intercultural en Bolivia, entre otros, el pluralismo, la autonomía, la tolerancia y el espíritu de apertura, los cuales son indefectiblemente, son el sustrato que nutre la Norma Fundamental Boliviana de 2009. En virtud a aquello, la Norma Fundamental Boliviana de 2009, consagra en su art. 1 que Bolivia se constituye en un nuevo modelo de Estado libre, independiente y soberano, sustentado en tres “dimensiones” que dotan de sustancialidad al mismo como expresión de una colectividad organizada, pero que sobre todo, permiten afirmar que se pretende edificar un nuevo paradigma de convivencia social en Bolivia.

Aquellas dimensiones son: la dimensión “Unitaria” del Estado, la dimensión “Social de Derecho Plurinacional Comunitario” del Estado y finalmente la dimensión “autonómica” del Estado boliviano, centrando nuestro análisis en ésta última.

En este escenario estatal “compuesto”, el centro de gravedad son las vertientes de la autonomía de las Entidades Territoriales Autónomas, es decir, la autonomía electoral (elección directa de sus autoridades), autonomía económico-financiera (administración de sus recursos económicos), autonomía facultativa territorial (ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas en el ámbito de su jurisdicción y competencia).

Para materializar aquellas vertientes de la autonomía, el Constituyente boliviano diagramó el orden competencial; entendido éste como el “sistema de valores, principios, normas (constitucionales y legales), estatutos autonómicos, cartas orgánicas, convenios intergubernativos, mecanismos de transferencia y/o delegación de facultades en determinadas competencias”.

En este sentido, se ha establecido un listado competencial primario en los arts. 298 a 304 de la Constitución boliviana, teniendo como base “materias u objetos competenciales para cada uno de los niveles gubernativos”. Aquellos se concretizan a través de facultades competenciales específicas que prescribe el art. 297 I de la Constitución, las cuales son privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado, exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas, concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva y compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.