ERBOL
(Jun – 18/ 2016) Más de doce años después de que una masacre planificada por el gobierno de Bolivia resultara en la muerte de 58 civiles desarmados, el Tribunal Federal de apelación del onceavo circuito de Estados Unidos rechazó un intento de frustrar una demanda contra el ex Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, quienes viven en ese país.
La corte de apelaciones devolvió el caso al Tribunal de Distrito con un mandato para proceder a la fase de exhibición de pruebas.
En el caso Mamani v. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain, las familias de ocho bolivianos muertos en la masacre interpusieron una demanda contra el ex presidente Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, alegando que habían ordenado ejecuciones extrajudiciales.
La demanda alega que, meses antes de esos hechos violentos, los dos demandados elaboraron un plan para reprimir la protesta social con uso de fuerza letal que preveía la muerte de miles de civiles desarmados.
También alega que los demandados utilizaron intencionadamente la fuerza letal para reprimir protestas políticas, en un esfuerzo por sofocar la oposición.
Además de las muertes, más de 400 civiles fueron heridos cuando las fuerzas de seguridad del estado dispararon contra civiles desarmados.
En su fallo del 16 de junio, el tribunal de apelaciones sostuvo por unanimidad que un estatuto federal, la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por su nombre en inglés), permite que las familias de las víctimas presenten sus demandas por ejecución extrajudicial en tribunales de Estados Unidos, después de haber agotado los recursos disponibles en su país de origen.