Una faceta delicada de la administración pública es sin duda determinar cuántas personas trabajaran como funcionarios en las diferentes instituciones. En los tiempos de la denominada “democracia pactada” la repartija era entre quienes formaban parte de la coalición de gobierno, en algún momento se llegó a llamar “mega coalición”, nadie se quedaba afuera. Lo regular era que antes de asegurar “sus votos” el partido pidiera lo que quería por ellos… la Aduana, YPFB, Impuestos, etc.. Direcciones, Gerencias, toda la institución, eso era parte de la negociación y claro que quien mas diputados, senadores y votos tenía…pedía y conseguía mas. Ya rayada la cancha cada cual se las arreglaba y disponía a discreción. Cada partido acomodaba ahí a sus militantes que al fin y al cabo por eso trabajaban en la campaña. Las disputas surgían y se vivía en permanente acomodo. El “peguismo” pasó a ser parte de la democracia boliviana y la peculiar forma de administración de la nave del Estado, mas en un país de empresa privada incipiente y con pocas industrias capaces de generar fuentes de trabajo para las miles de familias bolivianas.
Pero el problema en si no radica en dar fuentes de trabajo a quienes son del partido, en la mayoría de los casos los méritos profesionales poco importan ante “la muñeca”, sino que pasa por definir qué clase de funcionarios y cuántos se precisan para llevar adelante una institución. ¿Cómo se define qué cargos estarán disponibles y q
Eso obliga a hacer un alto y preguntarnos cómo se define el delicado tema de los funcionarios públicos, su calificación y número. No podemos tener instituciones donde el cargo tiene cara, donde el puesto este construido para alguien con nombre y apellido, cuando “la pega” solo es eso sin justificar su existencia. Nos cansamos de escuchar de las mentadas reingenierías, de rediseñar algunas reparticiones en las que se sabe hay supernumerarios al punto que nadie puede explicar por qué ya que en algunas de ellas la presión político-sindical es tan fuerte que es mejor no hacerse de “mala sangre” y seguir en el cargo sin molestar a nadie para estar más tranquilos.
Instituciones que funcionan así están destinadas al fracaso porque es imposible medir sus resultados de gestión ya que los parámetros son otros, es imposible en ellas pretender planificar porque no habrá proyección que soporte números desviados e inexplicables. Sus cifras siempre serán inmanejables porque se tiene que subvencionar lo uno con lo que se pueda. Dar empleo por dar, sin funciones específicas que obedezcan a un trabajo serio de acuerdo a la visión, misión y objetivos de la institución. Actuar así es la mejor forma de despilfarrar la economía de todos. Precisamos de autoridades responsables que entiendan que las instituciones que coyunturalmente administran no son de su propiedad, que si bien definen a quien le dan trabajo el sueldo lo pagamos nosotros, autoridades que entiendan que tienen un mandato para manejar lo nuestro como si fuera suyo pero en el buen sentido, entendiendo que deben cuidar lo que es de todos.