DANIEL RODRÍGUEZ/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico – jun 08/2016) Los medios de comunicación se han convertido de un tiempo a esta parte en el instrumento para denunciar irregularidades dentro y fuera de la administración pública, hechos que llaman la atención, sin embargo, las autoridades del Ministerio Público y la Policía Boliviana no actúan de oficio.
Se denomina actuación de oficio a un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte.
Por ejemplo, el diario elPeriódico recibió recientes denuncias por la masiva extracción o explotación de áridos en el río Guadalquivir por el sector de San Luis (con fotografías probatorias), de la misma manera el riesgo a la salud de los ciudadanos que implica dejar pasar a los chanchos al botadero de Pampa Galana para ingerir alimentos (también con imágenes), asimismo el hecho de que funcionarios públicos hagan mal uso de vehículos del Estado (con fotografías del auto y conductor).
Sin embargo, cuando se les consulta a las autoridades policiales, judiciales o fiscales la respuesta es la misma: “Están a la espera de la denuncia formal”, a pesar de que existen imágenes en los medios de comunicación que pueden servir de pruebas decisivas.
Fiscalía espera a los denunciantes
El fiscal departamental, Gilbert Muñoz, explicó que cualquier miembro de la función pública que tiene conocimiento de este hecho o cualquier ciudadano que advierta una irregularidad, como el caso de mal uso de vehículos del Estado, pueden denunciar porque son delitos de orden público.
Según la Ley Orgánica el Ministerio Público, dijo, las instituciones encargadas de recibir las denuncias son el Ministerio Público y la Policía Boliviana. Ambas entidades pueden actuar de oficio siempre y cuando un funcionario policial lo verifique personalmente.
Con referencia a la problemática surgida por la “Chanchería de Pampa Galana”, Muñoz señaló anteriormente que el Ministerio Público no puede actuar de oficio para sancionar a los culpables. Sin embargo, explicó que si las personas se ven afectadas por esta situación pueden denunciar los hechos como delitos contra la salud pública.
Según el fiscal, en la sociedad es una costumbre que muchos ciudadanos declaran la existencia de probables o presuntas irregularidades en diferentes situaciones, sin embargo, no presentan pruebas.
“En los casos de corrupción, quien va a denunciar e iniciar un proceso debe ser en base a informes y aspectos que solamente los tenedores de ese hecho lo pueden hacer- señaló Muñoz-. Puede que existan personas que digan que se hacen cosas en tal entidad, pero hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público en Tarija son 32 fiscales para todo el departamento. No somos policías, y por ello, a veces cuando pasan accidentes o bloqueos pedimos informes de la Policía porque hay funcionarios para ello”.
El representante del Ministerio Público recordó que existen unidades especializadas en la Policía Boliviana de Tarija como Tránsito, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), entre otros. Entonces “cada uno debe informar lo que pasa en sus respectivas áreas a la fiscalía”.
Temor para presenta una denuncia
En este sentido, las autoridades judiciales, fiscales y policiales esperan con los brazos cruzados las denuncias que puedan llegar a sus oficinas, mientras la sociedad tarijeña siga presentando sus denuncias a los medios de comunicación.
Hay personas que no se animan a presentar sus denuncias al Ministerio Público o a la Policía Boliviana por los trámites burocráticos que implican o por temor a posibles represalias.
Por ello, el fiscal departamental mencionó que pueden existir personas con miedo ante ciertas venganzas, entonces dijo que se protege la identidad del denunciante para evitar las amenazas ya que mediante la Ley 004 de lucha contra la corrupción los protege. (eP)