MARISOL COCA W. / BOLINFO / TARIJA
(elPeriódico- junio 8/2016) Frente a la lentitud con la que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) encara la definición de la terna para nombrar al representantes de Tarija ante el Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Comité Cívico conminó al gobernador a designar un representante interino de manera inmediata para “no descuidar todo lo que se trama respecto al campo Margarita”.
El presidente interino del Comité Cívico de Tarija, Teodoro Castillo, mencionó que en reunión de directorio se analizó este tema ya que “preocupa la paciencia” con la que la Asamblea Departamental lleva adelante el proceso de definición.
“Le escuchado a la presidenta de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Departamental que tal vez este mes lo pongan en agenda –dijo Castillo–. Pero ante el problema del campo Margarita no podemos seguir esperando”.
Por este panorama incierto es que el Comité Cívico solicita al gobernador actuar de manera inmediata y nombrar directamente a una persona que vele en YPFB por los intereses del departamento, nominación que, de acuerdo al Castillo, será respaldada por las instituciones cívicas.
El cívico dijo que el pedido ya fue elevado a al secretario y director de Hidrocarburos y pese al pronunciamiento de otros secretarios se espera que el gobernador se pronuncie sobre el tema.
Hace semanas la asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UD-A) María Lourdes Vaca señaló que la decisión está en manos del gobernador. “Si la Asamblea Departamental no resuelve esta situación, el Ejecutivo tiene vía libre de designar un representante de manera interina -mencionó Vaca-. Yo no sé porque no lo hace, lo que no podemos es dejar este vacío institucional con grandes perjuicios para el departamento de Tarija”.
Comité
El Comité Interinstitucional de Defensa de los Intereses del departamento de Tarija se reactivó con el fin de realizar diferentes acciones para evitar el recorte de más recursos económicos para el departamento Tarija.
Fernando Campero, senador suplente de Unidad Demócrata (UD), explicó que tras la reunión de instituciones y autoridades se determinó asumir varias decisiones, entre ellas buscar una movilización del pueblo de Tarija a través del Comité Cívico, y para ello primero se convocará a una asamblea de instituciones para proteger los intereses del departamento.
También se exigirá una representación permanente en el directorio de YPFB, por ello se espera que la Asamblea presente la terna al gobernador lo más antes posible para que pueda participar en las decisiones de YPFB.
También se buscará una conciliación con el personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB, Ministerio de Hidrocarburos por concepto de regalías, más aún cuando baja la exportación de gas a la Argentina de 19 a 14 millones de pies cúbicos día y con Brasil de 30 a 24 millones de pies cúbicos al día.
Analizan recurso de inconstitucionalidad
El director de Hidrocarburos y Minería de la Gobernació, Christian Echart, indicó que en la reunión de instituciones se analizó la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad al estudio realizado en 2012, momento en el que se determinó que uno de los tres reservorios del campo Margarita (Yacuiba) tuviera conectividad con el campo Huacaya (Chuquisaca), lo que llevó al departamento vecino a recibir regalías, las cuales son objetadas por los cívicos y las autoridades tarijeñas.
Además se confirmó el envío de una nota al ministro de Hidrocarburos y Energía para que se sostenga una reunión con el gobernador sobre el futuro estudio que será convocado por YPFB.
Paralelamente, según afirmó Echart, se avanza para cumplir con la ley departamental aprobada a principios de gestión en la que conmina al gobernador a contratar personal idóneo, técnico y especializado, a nivel nacional e internacional, para asumir una defensa del campo Margarita.
“No debemos olvidar que todas estas acciones (realizadas por YPFB) son inconstitucionales, porque estarían contrariando a la Constitución Política del Estado (CPE) en la que determina que el pago de regalías, Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) y Coparticipación Tributaria debe ser en función a la producción certificada y no así respecto a reservas”, explicó Echart. (eP)