ERBOL
El juez Séptimo de Sentencia en lo Penal, Pablo Vargas impuso este lunes el arraigo y el pago de una fianza de 80 mil bolivianos al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para que pueda defenderse en libertad en un proceso abierto hace seis años a solicitud del Gobierno por la presunta compra irregular de 40 motorizados con dineros del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) el año 2007.
Costas compareció esta mañana y en su defensa, dijo que a la Fiscalía que le sigue varios procesos por supuesta corrupción, que sus acciones estuvieron destinadas a la libertad por la democracia, la libertad y la autonomía. La defensa anunció que apelará en las próximas horas la resolución del juez Vargas.
Según la demanda de la Contraloría y Procuraduría General del Estado, con la compra de esos motorizados, Costas habría afectado las partidas del Programa de Seguridad Ciudadana. Pese a las pruebas que dijeron tener, ambas instituciones públicas no lograron reactivar el proceso donde el principal acusado es el gobernador Costas.
“Se viene una sarta de juicios, lo anuncié. Era cuestión de tiempo que me iban a arraigar y poner una fianza”, escribió en su cuenta twitter el Gobernador cruceño, un radical opositor al gobierno.
En su misma cuenta, aclaró que decidió comprar las 40 movilidades porque en 2007, había unas 100 mil personas en una emergencia climática que necesitaban ayuda y “por ello nos iniciaron un proceso”.
El Gobernador dijo que el arraigo le impedirá salir del país, pero reiteró que se quedará en Bolivia en la misma línea opositora, aunque lo metan preso.
El secretario Jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca, recordó que la denuncia fue rechazada en su momento, porque se demostró que la compra se hizo cumpliendo la normativa vigente.
Manifestó que las medidas cautelares tienden a perjudicar la gestión del Gobernador, desgastarlo políticamente e inhabilitarlo para futuras elecciones.