DANIEL RODRÍGUEZ/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico – jun 01/2016) El gobernador, Adrián Oliva, presentó en agosto de 2015 un “paquete de auditorías” que se debían realizar en un plazo de 150 días calendario (alrededor de cinco meses) con el objetivo de transparentar los 18 mil millones de bolivianos que se desembolsaron a la Gobernación desde la gestión 2005. El costo del trabajo es de un millón de bolivianos para auditar 172 proyectos.
Pasaron los 150 días de plazo, incluso se llegó a cumplir el primer año de gestión, y hasta la fecha el gobernador del departamento solicitó a la Unidad de Auditoría Interna formalmente 67 auditorías, de las cuales se están ejecutando aproximadamente seis relevamientos de información, donde posiblemente existan indicios de responsabilidad por la función pública.
Aparte se concluyeron 22 informes con indicios de responsabilidad administrativa, y otros que serán presentados próximamente con posibles indicios de responsabilidad civil y penal.
Asimismo, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, comentó que muchos de los procesos de auditoría sirvieron para elaborar en un año más de 50 procesos administrativos y penales contra exautoridades de la Gobernación, particularmente de la gestión de Lino Condori.
Avances en la Unidad de Auditoría Interna
El jefe de Auditoría Interna de la Gobernación, Miguel Ángel Murillo, informó que en gestiones anteriores no se han realizado auditorías con indicios de responsabilidad, sin embargo, a partir del 31 de diciembre de 2015, cuando se hace cargo de esta oficina, se empezaron a realizar los trabajos exigidos por normativa.
Hasta el 31 de mayo existe un buen porcentaje de avance del POA 2016, toda vez que en el primer semestre se tiene 57 por ciento de ejecución aproximadamente de lo programado.
En lo que respecta a la solicitud de auditorías efectuadas por el gobernador, dijo que las mismas ya fueron iniciadas, sin embargo, aproximadamente el 25 por ciento del total de días efectivos pueden ser utilizados en la elaboración de dichos informes.
En la actualidad se están procesando seis relevamientos de información, donde posiblemente existan indicios de responsabilidad por la función pública, la mayoría viene de la gestión de Lino Condori.
Murillo explicó que no se pueden hacer las 67 auditorías solicitadas en un mismo año para no exceder el presupuesto programado. Tampoco se puede decir con exactitud cuánto se tardará en concluir todas porque puede durar varios años, pero de todas formas dijo que se pretende agilizar.
Asimismo, explicó que se concluyeron 22 informes con indicios de responsabilidad administrativa, y otros informes que serán presentados próximamente con posibles indicios de responsabilidad civil y penal. Por otro lado, se están ejecutando tres auditorías especiales, las cuales se pretende concluirlas en los próximos meses.
Además existen otros procesos de auditoría que avanzan en la Contraloría General del Estado. Sin embargo, ninguna fue concluida hasta el momento.
Existen más de 50 procesos contra Lino
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, reconoció que inicialmente hubo un compromiso de dar a conocer a la población la forma que se llevaron adelante los proyectos y procesos de contratación en los últimos años. Sin embargo, comentó que al inicio de esta nueva gestión se encontraron con una gran dificultad a la hora de poder adquirir la documentación necesaria para realizar un trabajo oportuno.
“La transición que dispuso Lino Condori fue desordenada y fue efectuada con la finalidad de que las nuevas autoridades no cuenten con la información a mano –dijo García-. Pese a esas dificultades se pudo instaurar más de 50 procesos en contra de exfuncionarios de la gestión de Lino Condori”.
Mencionó que existen procesos que se encuentran con imputaciones penales, otras con audiencias de medidas cautelares, con anotaciones preventivas de bienes sobre los hechos en las que se obtuvo la información y documentación necesarios.
García indicó que se esperaba que la Unidad de Auditoría Interna sea el área que emitiera el primer foco de alarma con relación a los casos investigados, pero en vez de obtener denuncias o informes, encontraron videos en donde la exjefa de auditoría comprometía su imparcialidad al indicar que tendría un compromiso con Lino Condori, y por ello se le impuso las sanciones correspondientes.
“Estas circunstancias dieron como resultado dificultades para mostrar resultados prontamente –aseguró García-. Pese a ello la Unidad de Auditoría ha sido reforzada con abogados, auditores e ingenieros para presentar su informe de primer año de la nueva gestión. Ellos darán a conocer sus informes generados que tienen que ver mayormente con el tema Prosol”.
Casos más llamativos
El secretario de Justicia señaló los casos más llamativos de los más de 50 procesos que ya iniciaron en el primer año de gestión. Por ejemplo, el caso de los motores chinos a GNV se ha determinado un presunto daño de 10 millones de bolivianos en contra de la Gobernación y se logró ejecutar la póliza de garantía de incumplimiento de contrato que fue depositada en las cuentas de la entidad departamental.
También se revisó el comportamiento que asumieron algunas unidades desconcentradas a la hora de comprometer recursos de la Gobernación. Es el caso del proyecto denominado San Simón-Saladito-Tabasay que tiene una certificación de la subgobernación con 100 mil bolivianos pero se firmó un contrato que comprometía 195 millones de bolivianos.
Asimismo, hay contratos firmados con la autorización del exgobernador Lino Condori en la gestión 2014. Por ello, la Secretaría de Justicia pide al Ministerio Público que investigue esta amplia libertad de compromisos de recursos cuando aparentemente el exsecretario de Planificación era un familiar directo de un funcionario de jerarquía de la Subgobernación de O’Connor.
Además, existe otro equipo de trabajo que revisa los trámites ambientales que se habrían autorizado en la gestión de Lino Condori y ya se tienen las acciones penales presentadas al Ministerio Público que dan cuenta inicialmente de que se habrían recibido categorizaciones sin cumplir los requisitos de la Ley de Medio Ambiente.
Por otro lado, se observa el comportamiento en obras estratégicas de la Gobernación y de alto contenido social como por ejemplo el hospital Materno Infantil y el Oncológico que fueron evaluados por los mismos funcionarios y comprometieron a un equipo de supervisión en ambas obras.
Hay otro caso en el Prosol y tiene que ver con la provisión de grandes cantidades de estiércol en la comunidad de Pueblo Nuevo por el que se canceló el 100 por ciento del producto, sin embargo, no se dejó el 20 por ciento de la materia pese a que hay documentos de conformidad de recepción.
Otro caso llamativo está involucrado el actual dirigente campesino, Eider Quiroga, quien fue imputado formalmente por el Ministerio Público por el delito de avasallamiento de tierras de propiedad de la Gobernación ubicadas en el municipio de Uriondo. Ahora se espera la audiencia de medidas cautelares.
“Son numerosos frentes que lleva adelante la Gobernación –afirmó García-. Una vez que el gobernador reciba toda la información al término del primer año de gestión se espera consolidar al equipo de abogados que siga investigando”.
Legisladores piden auditorías
Según Luis Pedraza, asambleísta de UD-A, la única información que tiene respecto a las auditorías viene de la Contraloría, que es el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, ya que en el POA 2016 no se ha programado ni una sola auditoría especial.
“Hay que hacer notar que las auditorías son una función recurrente del Sistema de Control Gubernamental que tiene control interno y otro externo posterior. Ambos están a cargo de la Dirección de Auditoría Interna, el primero, y de la Contraloría el segundo”, apuntó Pedraza.
Asimismo, Fernando Campero, senador de UD, al tiempo de hacer una evaluación del primer año de gestión indicó que lo primero que se debe realizar es una evaluación a fondo de los cerca de 21 mil millones de bolivianos utilizados en los últimos cuatro años de gestión en la Gobernación, las alcaldías y la UAJMS.
“Es fundamental hacer una auditoría a fondo a todas las instituciones públicas para saber lo que se hizo con ese dinero y luego poder recuperar –aseguró Campero-. Hay que impulsar esta acción como política a mediano y largo plazo. Esto servirá para generar precedentes y para que no exista malos manejos de los recursos de los tarijeños. Cada vez que puedo lo comento y hablo sobre el tema de las auditorías porque es fundamental ya que es necesario saber lo que ha ocurrido con esa gran cantidad de recursos que no los vemos”. (eP)