Juan Luís Coronado D.
Como se expresó en publicaciones anteriores, el área social es una de las más importantes del trabajo en el sector público; sin embargo, vemos con mucha preocupación un conjunto de medidas conducidas desde la Gobernación, que buscan eliminar los avances en Políticas Sociales, como el caso del prosol. Programa que, además de ser una transferencia de recursos hacia un segmento de la población tradicionalmente excluida de políticas sociales, es un importante mecanismo de apoyo directo a la producción agropecuaria.
El programa solidario, se suscribe a las importantes políticas sociales de reducción de la pobreza rural y urbana, la sostenibilidad de pequeños productores y la agricultura subfamiliar; juega un rol trascendental en la estrategia de desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria, más aún si esperamos en Tarija un desarrollo industrial basado en la Agropecuaria (agroindustria).
Responsabilizar al prosol de un supuesto incremento de precios y disminuciones en la producción, es una deficiencia técnica y analítica muy grande. Desconocer variables no controladas por el sector campesino, como cambios en el clima, crecimiento de la población, incremento del ingreso, demanda de otras ciudades cercanas, etc., es un error. Lastimosamente, este incorrecto análisis dio lugar a conclusiones apresuradas o interesadas, que apuntan a defenestrar el programa para posicionarlo como el causante de los problemas financieros del Departamento.
El sector emprendedor campesino tiene una elevada propensión al riesgo, trabaja y asume sacrificios permanentemente, y la “tasa de riesgo” está afectada por el clima, mercados, infraestructura y servicios de apoyo (provisión, producción, transporte, comercialización) y las políticas públicas. Por lo que evaluar el prosol involucra diversos ámbitos y niveles; pero sobre todo requiere la definición de un enfoque, que tiene origen en el concepto del desarrollo que queremos, tema sobre el cual no existe claridad, salvo la frase “Vamos a resolver las necesidades básicas de la población”. ¿El sector campesino no está considerado población objetivo?, o ¿la seguridad alimentaria y pobreza de sectores vulnerables no son consideradas “necesidades básicas”?. Resulta fácil posicionar un objetivo general y de carácter político, lo difícil es aterrizarlo de manera consistente en acciones eficaces; y evolucionarlo con un sistema de medición de impacto; es aquí, donde el enfoque de evaluación, más allá de intereses de grupo, debe gozar de ecuanimidad.
Se trata de emitir un juicio sobre la conveniencia de continuar con el programa (prosol), y resulta obvio que debe ser de cara a sus objetivos, de ahí surge otro aspecto relevante: evaluar es un proceso sustentado en aciertos y desaciertos observados en la ejecución; tiene la finalidad de ajustar las políticas públicas para ir mejorando su desempeño en el tiempo, no eliminarlas en base a criterios subjetivos e interesados y menos transferir la decisión al pueblo (referéndum), cuando se trata de una responsabilidad ejecutiva.
Es correcto desacreditar a los productores campesinos citando los costos del prosol sin explicitar sus beneficios? o cuestionar la eficiencia en la aplicación de sus recursos sin evaluar alternativas?. Por ejemplo, la reducción de los ingresos en la gobernación desde el 2014 al 2016 representa más de un 50%, ¿por que en el mismo periodo se aumentó 50 millones en servicios personales?. La racionalidad mínima indica: Si los ingresos reducen a la mitad, se comprimirán las actividades y por consiguiente el gasto en servicios personales debe ser menor ¿Qué es lo irracional ante esta disminución de ingresos: incrementar los servicios personales o cerrar el prosol?. Un simple análisis aritmético muestra que una disminución del 20% en servicios personales, paga más de la mitad del prosol. Estamos dispuestos a sacrificar objetivos como la seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, para mantener una masa burocrática excesiva y con eficiencia enérgicamente cuestionada?. Este es otro aspecto importante: En toda evaluación siempre están presentes alternativas de uso de los recursos, no tomarlas en cuenta inhibe honestidad al análisis y por supuesto emitir un juicio sobre la valides de una proposición exige un comportamiento ético.
Diversos estudios económicos de reconocidas fuentes, dan por sentados aspectos que no deben pasarse por alto, uno de ellos establece: El crecimiento agrícola contribuye proporcionalmente más que el industrial al desarrollo económico, debido a que los efectos multiplicadores del primero sobre la economía interna son mayores, otras investigaciones muestran que la agricultura es el sector más eficaz para reducir la pobreza rural y urbana, más aun donde se necesita mejorar la distribución de la riqueza como en nuestro Departamento.
La Ley del prosol autoriza a la Gobernación recurrir a financiamiento externo para sostener e impulsar al programa. Sin embargo, demanda financiamiento con un “plan de rescate” y desperdicia el aprobado para el prosol. La gestión pública coherente es difícil y requiere trabajo efectivo, el camino fácil es instalar una aparente crisis de objetivos poniendo a la ciudad contra el campo, ocasionando el descredito del Programa que por supuesto debe y puede mejorarse, de ahí a pretender suprimirlo es irresponsable