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Los magistrados aprobaron el decreto de Nicolás Maduro, que había sido rechazado por el Parlamento y que da amplios poderes al gobierno para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.
«En ponencia conjunta de todos sus magistrados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó la constitucionalidad del Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional», indicó un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En la sentencia, divulgada anoche, la corte considera que el estado de excepción se justifica por la necesidad de «proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país».
El parlamento venezolano, dominado por la oposición, rechazó este martes el decreto de Maduro de estado de excepción, alegando que constituye «una concentración de poderes».
Los diputados consideraron que el decreto «profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela», y además «representa un franco abandono de la Constitución por parte del Presidente de la República».
No obstante el Tribunal Supremo, al que los opositores acusan de estar al servicio del gobierno chavista, decidió en su sentencia del jueves que la Asamblea Nacional actuó de forma «inconstitucional e írrita» en su acuerdo de rechazo al decreto, dictado el 13 de mayo y con vigencia de 60 días.
El líder de la oposición, Henrique Capriles, llamó a los venezolanos a desacatar el estado de excepción, y planteó a los militares a que decidan «si están» con la Constitución o con Maduro.
Entre las justificaciones del decreto, el gobierno indicó que la oposición pretende el «desconocimiento de todos los poderes públicos» y promueve la «interrupción del período» de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.