MARISOL COCA W. / BOLINFO / TARIJA
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(elPeriódico – mayo 01) La inequidad en la transferencia de recursos hacía las alcaldías llegará a su fin, porque una ley departamental regulará cada aspecto para que cada uno de los gobiernos municipales de acuerdo a los índices de pobreza y otros indicadores perciban un determinado monto de recursos del Gobierno departamental de Tarija.
El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UD-A) y miembro de la Comisión de Hacienda, Mauricio Lea Plaza, informó que la comisión alista la ley que normará la transferencia de los recursos económicos hacia los gobiernos municipales del departamento de Tarija.
“Lo va hacer a partir de criterios de asignación de recursos para cofinanciamiento, seguramente también va fijar cual será el techo de participación que van a tener los gobiernos municipales”, agregó Lea Plaza.
Afirmó que no existe la posibilidad de realizar transferencias directas desde el Gobierno nacional hacia las Alcaldías, por el disponer de disponer de recursos de la Gobernación será vulnerar la autonomía regional.
Lea Plaza confirmó que en los últimos años algunos municipios recibieron más asignaciones que otros, es por ello que se fijarán contrapartes diferenciadas para cada uno de los municipios.
La ley que alista la Comisión de Hacienda es una de las fundamentales que establece el Estatuto Autonómico Departamental, en pasados días se aprobó la Ley de Administración presupuestaria, norma que fue aprobada por unanimidad hace dos semanas y también está en redacción la Ley del Tesoro Departamental. (eP)
elapunte
Dos comisiones de la Asamblea están con sobrecarga
Las comisiones de Hacienda y Constitución de la ADLT son las que mayor recarga de trabajo reportan en cada una. El secretario de la directiva Abel Guzmán agregó en que el informe brindado por las comisiones ante el pleno se constató que la comisiones mencionadas son las que mayor trabajo registran, por casi todas las leyes precisan de una valoración economía y jurídica.
Lea Plaza, miembro de la primera comisión, afirmó que la gran mayoría de las normas previo a pasar al pleno requieren de un pronunciamiento respecto a la disponibilidad de recursos económicos. (eP)