DANIEL RODRÍGUEZ/BOLINFO/TARIJA
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(elPeriódico – abril 20) Los dirigentes del Chaco nuevamente iniciaron medidas de presión contra la Gobernación. Se trata de un problema que lleva alrededor de un mes debido a la designación del gerente del Programa Villa Montes – Sachapera (Provisa) y el desembolso de recursos para el Programa Solidario Comunal (Prosol) en Caraparí de la gestión 2015.
Ambos temas se resumen en la demanda de respeto a la autonomía regional del Chaco y el nombramiento de autoridades en las unidades desconcentradas. El 30 de marzo el ministro de Autonomía, Hugo Siles, dijo que Adrián Oliva no incurrió en ilegalidades porque está facultado por ley, pero el nombramiento “es un contrasentido porque faltó consenso entre el gobernador, el subgobernador y los sectores sociales para perfeccionar la norma autonómica, ya que está en puertas un referéndum para que entre en vigencia la autonomía regional en Gran Chaco”.
En este sentido, el conflicto en el Chaco abre el debate por la legalidad que tiene el gobernador de Tarija y la legitimidad que cuentan las autoridades regionales chaqueñas. Hoy, dos analistas y exautoridades políticas, Celinda Sosa y Sergio Reyes, opinan sobre el conflicto.
Jaque a la autonomía
Según el ex asambleísta departamental y actual abogado constitucionalista, Sergio Reyes, el enorme problema que enfrenta hoy la gobernabilidad de Tarija se da cuándo la región autónoma del Chaco desata todos “los demonios poniendo en jaque las posibilidades de desarrollo”. Este problema, según Reyes, tiene tres raíces amargas: falta de sintonía política, falta de sincronía legislativa y la colisión política-administrativa.
Sobre la falta de sintonía política, recordó que al “dislocar” el Estatuto Autonómico Departamental en las “Ejecutivas Seccionales” se creó una fórmula institucional que debería haberse resuelto por el principio de “competencia” pero que, en realidad, es ahora un “bicéfalo institucional” con los gobiernos municipales en el mismo territorio.
Por lo tanto, al elegirse de manera directa a los subgobernadores las fórmulas políticas pueden “enfrentar” las decisiones del nuevo gobernador con las expectativas que tenga cada ejecutivo seccional, haciendo difícil la tarea de concebir una planificación estratégica de desarrollo de verdadera dirección departamental.
Acerca de la falta de sincronía legislativa, Reyes considera que ahora es muy contradictorio que la fórmula que pierda la elección pueda (como ocurrió) tener el mismo número de asambleístas que el ganador, haciendo aún más difícil legislar en favor de la propuesta electoral que la gente respaldó con su voto, y por el contrario, genera un difícil panorama legislativo.
Mientras que la tercera raíz, indica el exasambleísta, tiene que ver con la colisión político-administrativa que aparece cuando el escenario de desarrollo autonómico del Gran Chaco, desde las potestades políticas, colisiona entre la legislación departamental y las decisiones administrativas regionales. Además genera un choque entre las potestades ejecutivas del gobernador y las potestades administrativas de la Asamblea Regional, y de estas dos con las decisiones de cada ejecutivo seccional.
El proceso legítimo
del Chaco
Por su parte, la ex delegada por las autonomías en Tarija, Celinda Sosa, comentó que se trata de un conflicto que se puede solucionar sin tener al departamento bloqueado. Recordó que el Chaco votó el 2009 por la construcción de la autonomía regional, que es un proceso que es reconocido por la Constitución Política del Estado y que también existe la Ley Transitoria 017 que les da facultades a las autoridades del Chaco en este proceso de construcción.
“Desde el Departamento de Tarija se ve un atropello al proceso de descentralización que vive el país –dijo Sosa- Se ve la poca voluntad política de la principal autoridad del Departamento de Tarija para poder dar soluciones. Lo que se tendría que hacer es que de manera abierta dialoguen las autoridades del Chaco con el gobernador, pero no designar a dedo desde la ciudad. Se deberían establecer ciertos niveles de consenso pensando en el marco del respeto de esas autoridades electas. Otra salida puede ser la institucionalización, pero se debe establecer el diálogo. Todo depende de la voluntad, y dejar el atropello”.
Asimismo, mencionó que puede que existan aspectos que se analicen jurídicamente, pero hay una legitimidad social que se ganó el Chaco a través de la ciudadanía al avanzar con su proceso de autonomía regional.
“La autonomía quiere decir estar más cerca de la gente y los ciudadanos tengan la capacidad de encontrar soluciones a los problemas –afirmó Sosa-. Hoy existe un problema por la designación de personal. Imagínese si nos ponemos a debatir una política de desarrollo departamental que sería más complicado. En el marco del proceso de avance de la autonomía, se determinó no más la designación a dedo, sino autoridades designadas por el voto del ciudadano. El Chaco está en la construcción de la autonomía regional. El Chaco tiene avances importantes en el desarrollo de su autonomía que hoy no se pueden anular ni pisotear esas reivindicaciones”. (eP)