MARISOL COCA W. / BOLINFO / TARIJA
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(elPeriódico- mar 29) Los villamontinos decidieron radicalizar sus medidas de presión en contra del gobernador tarijeño, Adrián Oliva, pero la medida asumida no sólo afectará los intereses de las autoridades departamentales, ya que el corte de envío de diésel, gasolina y garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) generará un desabastecimiento en las estaciones de servicio.
El comité de huelga de Villa Montes, en asamblea general de instituciones cívicas y organizaciones sociales, emitió un voto resolutivo que conmina al gobernador hacerse presente en la ciudad de Villa Montes para “pedir disculpas” por un supuesto acto de discriminación según argumenta el documento y confirmó el presidente del comité de huelga, Alberto Sandoval.
Pese haber levantado un bloqueo de carreteras por casi diez días los mismos serán retomados desde las cero horas de este martes. Además se prevé la toma de Provisa e ingresar en estado de emergencia y movilización permanente hasta que Oliva atienda sus demandas.
Como tercer punto, el comité de huelga decidió declarar traidores a los intereses de Villa Montes a los señores: Martha Gallardo, Norma Flores, Juan García, Moisés Sapiranda, Carlos Borda, Pedro Cuevas y Luís Arroyo.
Asimismo, declaran que ee mantiene firme el pedido de anulación del Decreto Ejecutivo Nº 005/2016 en el que se designa al nuevo Director Ejecutivo del Programa Villa Montes – Sachapera.
Además exigen la desconcentración de las empresas, unidades y programas sociales, tales como: el Plan de Empleo Urgente – Productivo (PEU-P), Programa Solidario (Prosol), Servicios Eléctricos Tarija (Setar), Empresa Tarija del Gas (Emtagas), Seguridad Ciudadana, Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).
Por último, anunciaron que se preparará y se socializará la realización de un cabildo abierto para determinar acciones a seguir con el objeto de exigir respecto a la autonomía e institucionalidad.
A través de medios que reportaron desde el Chaco se conoció que se conformará una comisión para que se sostenga una reunión con el presidente del Estado Plurinacional y exponer lo que acontece en Villa Montes desde hace casi dos semanas.
Por su parte, el gobernador justificó en conferencia de prensa que la decisión de cambiar al director del Provisa no le afecta solo al gobernador, sino a todos aquellos que son beneficiarios de los proyectos que ejecuta este programa, quienes supuestamente fueron los que solicitaron el cambio de autoridad.
Estas peticiones, de acuerdo a Oliva, están plenamente respaldadas en documentación por representantes de la Asamblea del Pueblo Guarani, la Orcaweta y la Central de Campesinos de Villa Montes.
Oliva reafirmó la designación de Jhonny Robles como director del Provisa e indicó que si hay observaciones se deben realizar en las instancias competentes.
El conflicto de Villa Montes se agrava con la decisión de los vecinos de Caraparí que también bloquearán hoy en demanda por el Prosol por lo que las principales carreteras de la provincia Gran Chaco amanecerán cortadas. (eP)
Oliva afirma investigar supuesto nepotismo
MARISOL COCA W. / BOLINFO / TARIJA
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El jefe de la bancada de Unidad Departamental Autonomista (UD-A) en la Asamblea departamental, Freddy Castrillo, en conversación con el elPeriódico habló sobre lo que acontece en Provisa y develó que la existencia de clanes familiares que usufructúan los recursos que maneja este programa.
“Hay denuncias de que la familia del Robert Ruiz, subgobernador de Villa Montes, sería la directa beneficiaria de una gran cantidad de recursos que maneja este programa. Está el hermano, el cuñado, el primo, la concuñada, una red familiar que deja mucho que desear de cómo se está manejando este proyecto”. Y el conflicto surge precisamente por eso. Por la designación de un cargo que no le ha parecido al subgobernador y él es quien promueve la movilización en Villa Montes.
Al respecto el gobernador aseveró conocer de las denuncias, pero prefirió no anticiparse hasta iniciar una auditoria al programa que hoy genera un conflicto social.
Por su parte, la Asamblea Regional de Gran Chaco emitió un pronunciamiento público en el que se defendieron de las acusaciones. “Todos los comentarios, que tratan de tergiversar esta realidad, están totalmente fuera de lugar y responden a otro tipo de intereses ajenos a la voluntad autonomista del Chaco y de sus instituciones”.(eP)