Juan Luis Coronado D.
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En días pasados se ha cuestionado duramente a los denominados “Programas Asistencialistas” en particular al PEUP (seguirá el PROSOL), no se dudó en calificar a sus beneficiaros con durísimas expresiones como parásitos, vagos, despilfarro, derroche, trafico con la pobreza, corruptos, desestabilizadores, etc.
Apelando al acostumbrado análisis financiero parcial e interesado se citaron cifras, 30 millones de bolivianos por año como el “despilfarro” del PEUP, asegurando que durante 10 años no se ha logrado nada y que más bien perjudicaría al desarrollo de nuestro Departamento, instalando la falsa idea que los trabajadores del PEUP son los mismos desde hace 10 años. Se cita de forma mañosa cifras absolutas, cuanto los 30 millones no representan ni el 1% del gasto de la Gobernación. A propósito, cuanto se gastó en apoyo a la producción?, y en el desarrollo de economías externas (camino, energía, gasoductos, riego)?, impulso este nivel de inversión la generación de empleos “permanentes”?. Acaso no deberíamos analizar estos aspectos esenciales antes de calificar al 1% del presupuesto de “asistencialista a un grupo de parásitos y vagos”.
No existe un solo elemento de análisis que supere al dinero como fin último. Se realizó un censo de las familias beneficiadas?, se constató como viven y cuántos niños tienen?, tienen otras fuentes de ingreso?, sus niños se ven obligados a trabajar?, que nivel de desnutrición se presenta en sus familias?, están clasificados dentro de la pobreza extrema, estructural o coyuntural?.
Estas respuestas nos pueden ayudar a comprender la magnitud del problema antes de humillar a nuestros hermanos del PEUP y plantear soluciones paulatinas como la disminución gradual en su cantidad, en la medida que nuestros empresarios, vayan generando empleo permanente, o se trabaje en un programa serio de reinserción y/o reconversión laboral, a partir de una capacitación en función al mercado laboral de Tarija, o en su caso instrumentar una capitalización mínima que les permita una actividad económica para sostenerse autónomamente.
Este análisis complementario es necesario para contraponerlo con la venta de humo, que pretende dar por cierta la idea que con 30 millones crearemos industrias que generaran el empleo suficiente; peor aún, que instalando por decreto una nueva repartición burocrática se generará el empleo por arte de magia. Venta de humo, por la inexistencia de proyectos concretos para grandes factorías; ni siquiera existe un estudio de competitividad que determine por lo menos, en que rubros tenemos oportunidades de producir exitosamente. Vendemos humo al costo social del PEUP que significa poner en la calle a sus trabajadores, con la ilusión de que en algún momento la gobernación y las empresas privadas generaran estos empleos, mientras tanto mensaje claro: Fuera! parásitos, no “dilapiden” nuestro dinero!.
A propósito, quienes se apropiaron de las regalías para decidir que utilizar el 1% para luchar contra la pobreza es dilapidar, deberían estudiar primero sus efectos directos e indirectos de sobre la economía; analizar el impacto social sobre los niños de estos trabajadores y el incremento en la población vulnerable que representa cerrarlo; investigar qué posibilidades reales existen del incremento en la drogadicción, alcoholismo y delincuencia por esta acción; información relevante para adoptar esta decisión.
Tenemos la fortaleza moral y ética para votar a la calle a un gran grupo de trabajadores pobres que representan un mínimo del gasto (1%), cuando se pretende, a pesar del decreto de austeridad, mantener los gastos de funcionamiento en un 15%. Lo que es más, podemos decir que los trabajadores del PEUP son vagos porque no hacen nada?, como andamos en la administración de la gobernación, acaso es un crisol de eficiencia y capacidad, donde todos trabajan denodadamente y son idóneos para el puesto donde se encuentran. Ni lo uno, ni lo otro; descalificar los trabajadores del PEUP cuando no hacemos nada por controlar su trabajo o asignarles tareas socialmente necesarias, nos vuelve miserables e incapaces de actuar sobre la causa de problema, optando por eliminarlos de la asignación de recursos y cerrar los ojos a las consecuencias.
Es urgente profundizar el análisis, ya que cuando de políticas sociales se trata, se está hablando de personas de los estratos más vulnerables, y desposeídos de las capacidades necesarias para enfrentar la dureza de su propia cotidianidad.