Juan Luís Coronado D.
///
El área social es una de las más importantes del trabajo en el sector público, su compromiso se va definiendo en un conjunto de medidas orientadas a alcanzar una sociedad más justa, incluyente y participativa. Estas acciones se plasman en las áreas de la salud, educación, seguridad social, atención a grupos sociales vulnerables y mejorar la situación de aquellos económicamente débiles, entre otras.
A meses de concluir su primer año, las acciones de nuestra Gobernación muestran el desarrollo de una política social que es alarmante, veamos alguna de ellas:
La Salud es el talón de Aquiles en el Departamento; largas filas, equipamiento insuficiente, bajísima disponibilidad de insumos, grandes deudas por servicios, deterioro de su infraestructura, son algunos de los aspectos que caracteriza este servicio. Ante esta problemática las acciones anunciadas son: Disminuir un 30% el presupuesto asignado al hospital, reducir las prestaciones de SUSAT, generar inestabilidad laboral del sector, paralizar las obras del hospital oncológico e interrumpir las obras del importante hospital materno infantil. Acciones contrarias a una política social coherente y afectan profundamente a la población vulnerable, de bajos recursos, disminuyendo sus capacidades productivas, comprometiendo la competitividad del departamento.
En cuanto a los programas sociales, se determinó mediante una política de fuerte impacto social, cerrar el PEUP; alrededor de 4.000 trabajadores sin previo aviso ni medidas que aminoren sus efectos son puestos a la calle, a partir de esta acción cuatro mil familias adicionales engrosan las filas de la población vulnerable en el Departamento; peor aún en el contexto de una fábrica de crisis, que disminuye el empleo no calificado y semicalificado demandado por sector de la construcción. El impacto de estas medidas son contrarias a lo que supone una política que impulsa la justicia social, redistribución de la riqueza, inclusión social y lucha contra la pobreza. La Asamblea Departamental mediante ley define las políticas de la gobernación, justamente un grupo de Asambleístas Departamentales con mayor sensibilidad y compromiso social, impulso una ley que corrige esta agresiva decisión, esperamos que sea promulgada a la brevedad.
El Prosol, programa que busca la transferencia de recursos hacia un segmento de la población tradicionalmente excluida de políticas sociales y de apoyo directo a la producción agropecuaria; logro contribuir a la seguridad alimentaria e incremento el nivel empleo en áreas rurales. También se ve amenazado, no se canceló en su totalidad el 2015, destinando los recursos hacia obras inicialmente no presupuestadas y se cierne sobre él una serie de amenazas de disminución e incluso anulación. Política claramente contraria al desarrollo social que esperamos generar con la riqueza del Departamento.
Otro de los programas que se pretende anular o disminuirse al mínimo “posible”, es el de Brigadistas Barriales, tuvo su nacimiento a la luz de exitosas experiencias en otros países; están orientados a disminuir la inseguridad ciudadana en barrios periféricos de la ciudad, que sufren con mayor fuerza la falta de seguridad, incrementando la vulnerabilidad de su población. Además, el programa contribuye a generar empleo a una importante fuerza laboral que logro un salario digno, contribuyendo a su inclusión social y la redistribución del ingreso.
Como si fuera poco, se estaría cerrando varios centros transitorios para niños y los Centros Integrales de Apoyo Psicopedagógico Social (CIAPS). Recortes presupuestarios del 80%, significan 10.000 niños que recibían alimentación, cuidado y educación en estos servicios, ahora están desprotegidos. La situación es tan grave que estaría pronto a cerrarse todos los servicios. Coartarlos es poner el futuro de estos niños y jóvenes en las calles, justamente la población vulnerable y empobrecida, es la única afectada con esta acción.
Estas cinco medidas han configurado hasta hoy, una Política Social que profundizará las diferencias sociales, incrementando los sectores que viven en situación de pobreza. En muy corto tiempo podría generarse un desequilibrio social y en consecuencia ingobernabilidad en el Departamento. Poner la crisis en la espada de las clases desposeídas es una vieja práctica que llevo a nuestro País al borde de su confrontación. Sin justicia social no podremos mantener la estabilidad social, valor que atesora el crecimiento económico.
ºAristóteles, sostuvo que “…la riqueza no puede ser un fin en sí mismo…”, si no que su importancia esta en lo que podemos hacer con ella. Así, los nuevos enfoques de Desarrollo no lo definen en base a la renta, sino por la capacidad que tienen las personas de transformar esa renta en aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida que quieren llevar (Amartya Sen). Corregir la política Social en el Departamento es apremiante y contribuirá a dar un fuerte golpe de timón a la administración de la Gobernación.