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Después de esperar, luego de contradichos, al parecer sucederá lo que se había escuchado en últimos días, el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), William Guerrero, anunció que promulgará la ley del Plan de Empleo Urgente (PEU) después de que el Gobernador Adrian Oliva la devolviera con observaciones. Como antecedente se debe recordar que la Gobernación pretende eliminar este programa creado cuando Mario Cossio era Prefecto del Departamento pues no se realizaron evaluaciones técnicas de sus resultados y por la crisis económica que padece Tarija, los miembros del PEU se movilizaron e hicieron vigilia en puertas de esta institución, la levantaron hace unos días ante la ausencia de Oliva pero advirtiendo retormarla una vez regrese la autoridad, hasta ahora no sucedió nada.
De acuerdo a la información que maneja William Guerrero, en el presupuesto 2016 se destinan más de Bs. 19 millones para el PEU, un presupuesto elaborado por técnicos de la administración actual, por lo que no correspondería interponer el argumento de falta de dinero en este caso. Incluso, según el Presidente de la ALDT, sólo se pretende la prolongación de este programa por una gestión más, la actual, y no necesariamente utilizando todo el monto de recursos mencionado, es decir, podría ser menos dependiendo como se organice el reinicio de trabajos. Se entiende que lo que se plantea es algo así como lo que sucedió con las Brigadas de Seguridad Barrial, cuya vigencia también estuvo en duda pero se redujo el número de integrantes para garantizar su continuidad, tal vez eso quiere decir el legislador, que siga el PEU aunque implique contratar menos personal, tampoco se puede dejar de lado que ya han transcurrido tres meses de este año y de hecho que podrían necesitarse menos recursos que los estimados.
De fondo, claramente se vislumbra un escenario político conflictuado, radicalizado, donde ya se han asumido posiciones, se distingue una pulseada más entre el Ejecutivo y el Legislativo, dominados por fuerzas contrapuestas, William Guerrero tiene el respaldo legal suficiente para proceder y el Gobernador Oliva que ya tiene su propio proyecto, el Servicio Departamental de Empleo, tendrá que cumplir con lo que manda la nueva ley, caso contrario se expone a acciones judiciales en su contra. Lo cierto es que, si continúa el PEU, aunque sea por este año más o lo que queda de el, debe ser reorientado urgentemente para que sirva efectivamente a la población y lo que se invierta en su funcionamiento esté debidamente justificado porque si estamos en crisis, con mayor razón debemos cuidar lo que queda.
