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Por si fuera poco el revuelo que ha causado la vinculación del Presidente Evo Morales con Gabriela Zapata, ejecutiva de la empresa China CAMC, que se habría adjudicado obras por más de $us 500 millones en el país, surge una denuncia desde la mismísima Gobernación tarijeña involucrando la gestión de Lino Condori y quienes lo acompañaron con otra empresa asiática que tiene relación con la ya nombrada y es parte del escándalo nacional.
De acuerdo a la versión hecha pública, más de Bs. 700 millones pretendían ser comprometidos a través de memorándums de intenciones para la implementación de una procesadora de carne y la construcción de caminos en Caraparí, por medio de la Sub Gobernación del lugar. Se entiende que también existen otros proyectos contemplados por la dimensión de la cifra. Supuestamente habrían notas instruyendo proceder de acuerdo a las intenciones manifiestas, o sea, firmar contratos con base en una adjudicación directa obviando licitación alguna. En este caso, lo que le da el tono de escándalo no es exactamente la cifra, que es muy grande, sino que se trata de una empresa china aparentemente vinculada a la polémica CAMC de Zapata. Desde la Gobernación se pusieron signos de admiración en este tema que es urticante de por si por lo ya expuesto y la proximidad del referéndum constitucional del 21 de febrero próximo que podría modificar o no la Carta Magna para viabilizar una nueva re postulación de Evo.
Ante el silencio y ausencia de Lino Condori, uno de los tocados con la denuncia es el ex Secretario Ejecutivo Roberto Ruiz, pues supuestamente existen notas firmadas por el pretendiendo dar curso a las intenciones reveladas, el aludido fue tajante al negar esta posibilidad asegurando desconocer que se hayan firmado contratos con empresas chinas y menos por adjudicación directa ya que habría sido preciso un tortuoso trámite que hasta precisa de una ley nacional. Ruiz incluso parafraseo al Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al remarcar que se trata de una denuncia política motivada por el 21F, que responde a un plan trazado y que viene desde el extranjero (EEUU) que pretende dañar la imagen del Presidente Evo Morales.
Más allá de lo que dicen quienes denuncian y son denunciados, el tema es complejo y debe abrirse una investigación para ver que tanto se avanzó en las famosas «intenciones», si se llego a comprometer la fe del Estado, si hubieron contratos suscritos y si se produjo algún daño económico. Esperamos que no suceda igual que con el supuesto escandaloso despilfarro «revelado» hace unos meses por los mismos de ahora y que simplemente quedo en eso, sólo para eso sirvió, para escandalizar y nada más.
