Tanatología de la democracia sistemática en Bolivia

Sergio Reyes Canedo

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El debate, jamás liberado, es razonar las consecuencias del llamado a referendo para la modificación parcial de la Constitución, en un solo artículo, y este, referido solo a la posibilidad de relección indefinida de los más altos dignatarios de estado.
Considero que más allá del mero acontecimiento político, Bolivia asistirá a la confirmación que pone título a este artículo, con resueltas demasiado graves para el sistema democrático en general, derivado del uso omnímodo de poder en Bolivia, personalizado en el actual presidente Evo Morales  y vice-presidente Álvaro García.
Por concepto, suele definirse a la Constitución Política del Estado como un “pacto social”, que permite a todo el componente colectivo social de un país, CERTIDUMBRE, respecto a los valores, principios, derechos, estructura del propio estado, forma de gobierno y las reglas más básicas de relacionamiento, entre la institucionalidad estatal y el colectivo que lo dota de poder, garantizando en su contenido, el ejercicio de los derechos que SOLO puede otorgarse y garantizarse, bajo el amparo del sistema democrático.
Una de las cualidades más sobresalientes de la democracia sistémica, es la sujeción de la voluntad de gobernantes y gobernados a una constitución política, cuyo contenido supone en la pirámide de normas jurídicas, el pináculo más alto; en el caso de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 410, señala textualmente que este cuerpo normativo, TIENE aplicación respecto a las otras normas, a las que subordina; puesto en breve, la Constitución tiene una preferente aplicación de su porciones, respecto a las leyes y otras normas del desarrollo legislativo.
Decidir el “futuro” no puede significar eliminar, todas las decisiones del pasado, menos aún las normas y reglas de convivencia pactadas al amparo de la virtud de la Democracia. No debe suponer entonces, instaurar la voluntad absoluta y exclusiva como fundamento de la convivencia, eso corresponde al orden absolutista del poder contrario a la Democracia como concepto político.
Considero “imposible” que una sociedad pueda desarrollarse y progresar sin el respeto a la propia norma de plataforma y base como es la Constitución, que resume los valores y principios sobre los que se erige todo el Estado, más aún, cuando se hace uso instrumentalizado del poder público legal y legítimamente adquirido en su área ejecutiva, divido en sus potestades legislativas por una parte, jurisdiccionales por otras y electorales,  para evitar justamente, la posibilidad de resumirlo, en una persona o voluntad única omnímoda.
La Constitución representa además, la garantía de ejercicio pleno de Derechos y Deberes de las personas en general; entre ellos la posibilidad de participar en elecciones justas, con iguales oportunidades en la participación de las posibilidades representativas que permite el sistema Democrático.
El desequilibrio en las oportunidades en estos ámbitos donde se apela a la “voluntad de origen” como un referendo, donde las únicas autoridades que no “deben” renunciar con 90 días de anticipación como las otras autoridades elegibles en el Estado Plurinacional en Bolivia, es una muy seria violación del principio de justicia electoral. Supone además, de manera intrínseca, la NEGACIÓN DEL ESTADO, desde la perspectiva Constitucional que implica coetáneamente, la NEGACIÓN DE LA DEMOCRACIA COMO EL SISTEMA DE EJERCICIO DE GOBIERNO.
La “oxigenación” del sistema democrático, se fundamenta en gran medida, en la alternancia del poder público, como garantía contra los excesos de quienes reciben el mandato del pueblo de manera “temporal”. Las experiencias de “larga estancia” en el poder, en la historia general de las democracias contemporáneas, nos ha mostrado innumerables veces, que “a mayor tiempo” en el poder, se hace crecientemente vulnerables, los derechos fundamentales de las personas; especialmente aquellos derechos denominados “políticos”.
Sin un Estado, como referente de autoridad, basado en el pleno respeto de su propia Constitución, como promotor de la Justicia, la Igualdad, la Dignidad, que elimine barreras y desequilibrios, facilitando la convivencia entre “diferentes”, como ocurre ahora cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional, sanciona una ley de reforma parcial (viciando el procedimiento legislativo en el caso de marras) imponiendo su mayoría de representantes a una sola “filiación” política, el Estado como tal se hace “inexistente” para convertirse en una “tiranía institucionalizada”, aniquilando el ideal de “pacto social” al que aludo al principio de este razonamiento.
Un argumento para la DEMOCRACIAS SISTEMICA, es que la institucionalidad, es el ámbito donde el pueblo mediante mecanismos o representaciones delegadas TEMPORALMENTE, los gobiernos son modulados en su voluntad, sin cambiar las bases legales fundamentales  que reducen la INCERTEZA Y LA INESTABILIDAD. Esto permite al Pueblo quedar siempre en control de la posibilidad de cambiar el gobierno cuando este no responde a las expectativas de la BASE SOCIAL. Este principio está contenido en el propio concepto de SOBERANIA PUPULAR.
Las acciones del actual gobierno intentan recrear las características totalitarias. Aunque el gobierno contara con el apoyo de una parte de la sociedad –incluso aunque fuese mayoritaria- para introducir leyes que violentan la intimidad de pensamiento, no puede atacar la existencia y voluntad moral del resto de la sociedad. Lo que sería más que un atropello, sería la conversión del legítimo adversario filosófico en adversario político, para destruirlo. Esta actitud supone la negación del Estado democrático.
Si el gobierno insiste en ese camino, pierde legitimidad – además de perder legalidad – . El ejercicio del gobierno se ha convertido en un grupo usurpador que utiliza el Estado para difundir, divulgar e imponer ideas a particulares, por tanto, tal estado carecerá de democracia si el gobierno logra su objetivo el próximo 21 de Febrero.

EN TAL CONCECUENCIA. ASISTIREMOS A LA MUERTE (TANATOS) DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO.