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Un depósito judicial adulterado por 80.000 bolivianos para liberar a un preso por tráfico de drogas, puso al descubierto ayer la existencia de una red de abogados que vivía de la estafa y la falsificación de documentos, informó el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), teniente coronel, Richard Vargas. La banda criminal estaba dirigida por el abogado Ariel G. y tenía como operadores a la hermana del principal sindicado, Nancy G. también de profesión abogada, y un asistente jurídico de nombre César A. , detalló la autoridad.
En las últimas horas, Ariel G. fue remitido al penal de San Sebastian y César A. a la cárcel de San Pablo de Quillacollo, informó el subdirector.
La hermana, Nancy G., está cautelada y sujeta a investigación, complementó el jefe policial.
“Es una red criminal que fue desbaratada y ahora están en marcha acciones policiales para detener a los principales responsables”, declaró Vargas.
Montos. No hay, por ahora, cifras y montos del dinero que habrían timado los integrantes de la banda, “pero los números podrían superar el millón de bolivianos”, señalaron ayer en la FELCC los investigadores, que están a cargo del caso hace un poco más de 72 horas.
Timo. El abogado Rolando Ramos declaró sobre la organización criminal que “estafaron miles de bolivianos”, durante un tiempo aún no establecido.
En ese sentido, reveló que inició querella penal contra la banda porque “engañaron a mi cliente con 40 mil bolivianos, después que le hicieron creer que hicieron un depósito judicial mostrando un documento falsificado”, dijo Ramos.
Las oficinas donde operaba la banda fueron allanadas por agentes de inteligencia. Secuestraron varios documentos falsificados de otras instituciones como la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y del mismo Órgano Judicial.
Querella La FELCC anunció que, durante los operativos de captura de los presuntos delincuentes, secuestró varios documentos adulterados pertenecientes a diversas instituciones tanto públicas como privadas.